A partir del 1° de abril, miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires enfrentan demoras y una menor disponibilidad de colectivos. La reducción de frecuencias responde al aumento del precio del gasoil, esencial para la operación diaria del transporte público.
Empresas nacionales y provinciales, entre ellas grandes grupos como DOTA, informaron que tomaron esta medida tras no obtener respuestas efectivas de las autoridades frente al aumento del combustible.
En los últimos meses, la eliminación progresiva de subsidios y la liberalización parcial del mercado energético elevaron el costo del gasoil en Argentina, impactando directamente en la economía de las compañías que dependen casi exclusivamente de este combustible para mantener la frecuencia de los colectivos.
Desde el sector advierten que si no se implementan políticas públicas que compensen estos incrementos, podría verse comprometido el normal funcionamiento del sistema. La reducción de frecuencias se presenta como una alternativa para evitar un colapso mayor.
Para los usuarios, la medida implica mayores tiempos de espera, unidades más saturadas y dificultades para cumplir con sus actividades. Organizaciones defensoras de los derechos de los usuarios expresaron su preocupación por el impacto social del ajuste.
Este escenario pone en relieve la importancia de las políticas de subsidios al transporte, promovidas por gestiones como la de Axel Kicillof y respaldadas por el kirchnerismo, que buscan sostener tarifas populares y garantizar el acceso universal al servicio público frente a los intereses del mercado energético.
