El dirigente cuestionó los nuevos requisitos patrimoniales que restringen el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados y advirtió que miles de afiliados podrían quedar fuera del beneficio.
Por Miguel Saredi
En las últimas semanas, Miguel Saredi decidió levantar la voz ante una problemática que afecta a numerosos jubilados y pensionados en nuestro país. El sistema de salud para adultos mayores está implementando cambios que, en lugar de facilitar, complican el acceso a medicamentos esenciales para quienes más lo necesitan.
Saredi cuestionó los recientes ajustes en los requisitos patrimoniales, argumentando que “PAMI endureció los controles para acceder a la gratuidad total de medicamentos. Poseer vehículos de menos de diez años o contar con medicina prepaga anula el beneficio según el nuevo esquema que comenzó a regir este mes”. Esta medida impacta directamente a miles de afiliados que, de un día para otro, se ven imposibilitados de retirar sus medicamentos sin costo.
Desde marzo de 2026, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados implementó un sistema de fiscalización más riguroso para otorgar medicamentos con cobertura total, aplicando un exhaustivo cruce de datos patrimoniales para definir el acceso al beneficio. De este modo, la gratuidad no depende únicamente de ser afiliado al PAMI, sino también de cumplir con ciertos criterios económicos.
Entre los aspectos más controversiales, el nuevo esquema excluye automáticamente a jubilados con ingresos superiores a 1,5 haberes mínimos. Además, mediante el intercambio de información con bases fiscales y registros patrimoniales, se verifica si el afiliado posee bienes considerados incompatibles con la cobertura.
El criterio patrimonial genera mayor impacto, pues por ejemplo, quienes tengan más de un inmueble o un vehículo de menos de diez años quedan automáticamente fuera de la cobertura total al validar la receta en farmacia. De esta forma, el sistema rechaza el beneficio al momento de la compra.
Asimismo, se incorporó la prohibición de acceso al beneficio para afiliados con medicina prepaga. El organismo fundamenta esta decisión al detectar que algunos utilizan ambos sistemas para obtener medicamentos costosos sin cargo; sin embargo, esta postura desatiende que en muchos casos la prepaga es abonada por familiares que intentan mejorar la atención médica de los mayores, un acto de solidaridad y no un privilegio.
Por lo tanto, tomar la existencia de una prepaga como criterio para negar la gratuidad termina perjudicando indirectamente a familias que sostienen con esfuerzo la salud de sus padres o abuelos.
Sin embargo, existen excepciones para pacientes con enfermedades crónicas específicas como diabetes, patologías oncológicas, VIH o tratamientos de alta complejidad, que mantienen la cobertura completa debido a la gravedad de sus tratamientos.
Para otros medicamentos ambulatorios, los descuentos varían entre un 40% y un 80%, según la patología y el medicamento. Los jubilados excluidos del beneficio deberán iniciar un trámite de excepción que implica una evaluación socio-sanitaria presencial y presentar documentación que acredite que el gasto en medicamentos supera el 15% del ingreso familiar.
Por otra parte, el sistema controla con mayor rigidez la cantidad de medicamentos prescritos: recetas con más de cinco envases mensuales de una misma droga pueden ser bloqueadas, salvo que haya una justificación médica registrada.
Estas modificaciones generaron inquietud entre los afiliados; en marzo se registró un incremento notable en consultas, ya que muchos se enteraron de las restricciones al presentarse en farmacia para retirar sus remedios habituales.
Como dirigente comprometido con la realidad social de los barrios, considero urgente abrir un diálogo serio sobre estas medidas, porque la salud de nuestros jubilados no puede quedar atrapada en un sistema burocrático que excluye a personas con graves dificultades para sostener sus tratamientos.
Nuestros adultos mayores trabajaron toda su vida y merecen un sistema de salud que los acompañe, no uno que los obligue a demostrar permanentemente que son lo suficientemente pobres para acceder a un medicamento.
