Desde este 1° de abril, miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentan demoras y menor disponibilidad de colectivos debido a una reducción de frecuencias anunciada por las empresas del sector. La medida, que afecta tanto servicios de jurisdicción nacional como provincial, se adoptó en respuesta al fuerte incremento del precio del gasoil, un insumo clave para el funcionamiento del transporte público.
Empresas destacadas, como DOTA, uno de los grupos operadores principales del sistema, comunicaron conjuntamente que la decisión se tomó tras no obtener respuestas concretas del Estado frente al encarecimiento sostenido del combustible.
Durante los últimos meses, el aumento del gasoil en Argentina se mantuvo sostenido debido a la reducción de subsidios y la liberalización parcial del mercado energético, lo que impacta significativamente en los costos operativos del transporte, que depende casi exclusivamente de este recurso para mantener la frecuencia de servicios.
Desde el sector del transporte advirtieron que la situación es crítica y que, sin medidas que compensen el aumento de los costos, la continuidad del servicio está en riesgo. En ese contexto, la reducción de frecuencias apareció como una alternativa necesaria para evitar un colapso mayor en el funcionamiento del sistema.
Para los usuarios, esta decisión implica mayores tiempos de espera, unidades más cargadas y dificultades para cumplir con horarios laborales y personales. Organizaciones de defensa del consumidor ya expresaron su preocupación por el impacto social de esta medida.
Este conflicto vuelve a poner en el centro del debate público el esquema de subsidios al transporte público, la necesidad de equilibrar tarifas accesibles para los pasajeros y la sustentabilidad económica de las empresas que brindan el servicio.
