El juez federal Martín Bava ordenó una medida de no innovar en el cementerio municipal de Villa Gesell, ante la sospecha de que en dicho predio podrían encontrarse enterradas víctimas de los vuelos de la muerte cometidos durante la última dictadura cívico militar.
Esta disposición judicial responde al testimonio de una vecina local que aportó datos sobre la presencia de tumbas sin identificar en el cementerio, lo que motivó que la querella solicitará la preservación del lugar para garantizar la integridad del sector y evitar cualquier alteración que dificulte futuras investigaciones.
Testimonio clave sobre las tumbas no registradas
El 2 de marzo, Marcela González, habitante de Villa Gesell, declaró ante el juez Bava que su madre, empleada municipal desde 1975, realizó un relevamiento en el cementerio a comienzos de los años 80. Durante esa tarea, detectó numerosas tumbas que no constaban registradas en los libros oficiales.
González señaló: “Mi mamá trabajó en la Municipalidad desde 1975. A principios de los ‘80, la mandan a hacer un relevamiento en el cementerio local porque había muchas tumbas que no estaban anotadas en el libro”.

Agregó: “Cuando mi mamá va a hacer el relevamiento se encuentra con que había un montón de tumbas que no tenían nombre, ni registro ni nada. Habla con este señor (…) y él le dice que son personas que han llevado de noche”.
El encargado del cementerio, según el testimonio, indicó que los cuerpos eran trasladados por un efectivo policial. Se identificaron al menos 18 tumbas NN, una de las cuales contendría restos de dos personas, totalizando 19 víctimas posibles enterradas sin registro.
Acciones judiciales para proteger y documentar el lugar
Con la evidencia recabada, el juez Bava ordenó preservar la sección L del cementerio, donde se ubican las sepulturas entre 1976 y 1983, período de la dictadura militar.
También solicitó el acceso a los libros oficiales del cementerio, un relevamiento detallado de las tumbas sin identificación y pidió informes sobre las modificaciones realizadas en el predio desde su creación.
La resolución consideró además un decreto municipal que autorizaba tareas de limpieza con exhumaciones en sepulturas sin regularización, lo que podría afectar evidencias clave para la investigación.
El legado de los vuelos de la muerte
Los llamados vuelos de la muerte fueron métodos terroríficos empleados por la dictadura para desaparecer físicamente a detenidos-desaparecidos, lanzándolos desde aviones al mar o ríos para evitar su identificación y la búsqueda judicial.
En causas anteriores, el juez Bava procesó en 2022 a exfuncionarios vinculados al encubrimiento tras el hallazgo de 14 cuerpos en la costa bonaerense en diciembre de 1978.
Durante los juicios se identificaron víctimas secuestradas en centros clandestinos como el Olimpo y la ESMA, entre ellas figuras señeras como las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, María Eugenia Ponce y Esther Ballestrino, además de la monja francesa Leonie Duquet.
Estudios indican que entre 1976 y 1979 se encontraron al menos 76 cuerpos en costas bonaerenses y uruguayas, con 43 identificados.
Recientes fallos judiciales han reafirmado que “Los vuelos de la muerte han sido debidamente probados en sede judicial, sin margen de dudas”, ratificando la gravedad y responsabilidad de estos crímenes de Estado.






