La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación presentada por el Gobierno nacional y confirmó la obligación de actualizar los salarios y las becas en las universidades nacionales, conforme a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en 2025.
Este fallo representa un avance significativo en la defensa del sistema universitario público, ratificando la vigencia de la legislación aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y ratificada en octubre tras superar el veto presidencial.
La decisión fue adoptada por la Sala III del tribunal, con votos favorables de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, quienes respaldaron la medida cautelar que ordena la aplicación inmediata de los artículos centrales de la norma. En particular, se exige la actualización salarial tanto para docentes como personal no docente, además de la recomposición de las becas estudiantiles.
El fallo subraya que el proceso legislativo que aprobó la ley dejó sin margen para que el Poder Ejecutivo postergue o dilate su implementación, invalidando un decreto previo que intentaba frenar sus efectos.
Los artículos 5 y 6 son fundamentales en esta resolución. El artículo 5 establece que los salarios universitarios deben ajustarse según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC desde diciembre de 2023, para preservar el poder adquisitivo frente a la inflación. El artículo 6 exige una actualización equivalente para los programas de asistencia estudiantil, garantizando el valor real de las becas.
Los magistrados advirtieron que las acciones del Gobierno nacional para demorar la aplicación de la ley mediante dispositivos de menor jerarquía son contrarias a principios constitucionales, afectando la división de poderes y el funcionamiento del sistema republicano.
Esta medida cautelar fue impulsada en diciembre de 2025 por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas organizaciones académicas, que presentaron un amparo para proteger la efectividad de una ley clave destinada a fortalecer el sistema universitario público en un contexto de elevada inflación.
El fallo judicial se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y las universidades nacionales, que vienen alertando sobre la pérdida del poder adquisitivo de salarios y la insuficiente asignación presupuestaria para sostener las actividades institucionales. Con esta resolución, la Justicia reafirma el compromiso del Estado de garantizar el financiamiento universitario previsto por ley.
