La escasez de vacunas distribuidas por el gobierno nacional ya afecta gravemente a la Provincia de Buenos Aires y sus municipios.
Un relevamiento realizado por Todo Provincial evidencia faltantes en al menos nueve tipos de vacunas, incluidas varias del calendario obligatorio contemplado en la salud pública.
Entre los ejemplos más significativos está la vacuna antigripal, con la Provincia recibiendo apenas el 44% de las dosis previstas para la población pediátrica y un dramático 22% para adultos, confirmando un severo bajo abastecimiento.
Este escenario preocupa especialmente en un momento en que el Estado nacional ha reducido su rol en la provisión sanitaria, delegando a municipios la responsabilidad de responder a crecientes demandas sociales y sanitarias con recursos cada vez más limitados.
Al respecto, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, afirmó: “El ajuste no puede pasar por la salud, por las vacunas del calendario obligatorio que tantas enfermedades evita”.
En Escobar, por ejemplo, se distribuyeron apenas 2.240 dosis de vacuna antigripal para mayores de 65 años en 18 Centros de Atención Primaria de la Salud, cuando la población objetivo supera las 22.900 personas, evidenciando una cobertura insuficiente.
La falta de vacunas también impacta en criterios claves del calendario oficial, con la triple viral entregada en cantidades limitadas y en forma irregular, dificultando la organización de la salud pública local.
Una ausencia total es la del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), fundamental para prevenir bronquiolitis y neumonía en bebés y embarazadas, lo que genera especial preocupación.
La situación en la Provincia es crítica: además del faltante de antigripales y la falta de dosis contra el VSR en marzo, la vacuna contra la varicela ni siquiera fue distribuida.
Por su parte, la vacuna BCG cubre solo un 30% de la demanda mensual, y la hepatitis B pediátrica se encuentra al 60% de necesidades, lo que afecta la prevención de enfermedades prevenibles.
Esta carencia genera alarma en profesionales, autoridades y comunidades, para quienes el calendario obligatorio es una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la salud y la prevención efectiva.
