La Provincia de Buenos Aires dio un paso significativo en materia de derechos sociales con la publicación, este jueves, de la Ley 15.625. La norma, que establece un marco integral para las personas en situación de calle, ordena la creación de una red de contención que incluye centros de integración, una línea gratuita de atención permanente y equipos móviles de asistencia. Se trata de una respuesta concreta del Estado provincial a una problemática que afecta a miles de bonaerenses, reafirmando el compromiso con la inclusión y la justicia social, valores centrales de la gestión que lleva adelante el gobernador Axel Kicillof.
El alcance de la ley es amplio y contempla diversas realidades: quienes habitan espacios públicos de manera transitoria o permanente, quienes enfrentan un desalojo inminente sin alternativa habitacional, aquellos que egresan de instituciones sin un lugar donde vivir, y grupos que actualmente residen en condiciones precarias, como pueden ser asentamientos o viviendas que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad. Esta mirada integral busca abordar las múltiples causas que llevan a una persona a vivir en la calle, desde la pérdida de vivienda hasta la falta de redes de contención, y propone una solución articulada entre diferentes áreas del Estado.
Uno de los ejes centrales de la norma es la garantía de derechos fundamentales: acceso a salud, asistencia social, trabajo digno y vivienda. Además, se establece que la falta de documento no podrá ser utilizada como obstáculo para negar una prestación, lo que elimina una barrera burocrática que históricamente excluía a las personas más vulnerables. La ley también prevé la documentación gratuita y la posibilidad de fijar un domicilio administrativo de referencia, una herramienta clave para que las personas puedan realizar trámites y recibir notificaciones oficiales, incluso sin tener una dirección fija. Esta disposición es fundamental para garantizar el acceso a otros derechos, como la salud o la justicia.
La futura Red Provincial de Centros de Integración Social será la columna vertebral de esta política. Estos centros deberán ofrecer alojamiento, alimentación, higiene, atención sanitaria básica y propuestas de formación e inserción laboral. El ingreso será voluntario, respetando la autonomía de cada persona, y los espacios deberán contemplar la permanencia de grupos familiares, lo que resulta esencial para no desmembrar núcleos familiares ya golpeados por la crisis. Además, la formación e inserción laboral se presenta como una herramienta para la inclusión social sostenible, evitando la cronificación de la situación de calle.
La implementación de la ley estará a cargo de la Dirección Provincial de Atención a Familias en Situación de Calle, que trabajará en coordinación con una comisión interministerial para asegurar una respuesta articulada entre las distintas áreas del gobierno provincial. El Poder Ejecutivo dispondrá de 90 días para reglamentar la norma, un plazo que permitirá definir los detalles operativos de los nuevos dispositivos, como la ubicación de los centros o la cantidad de equipos móviles. Mientras tanto, la ley ya está en vigencia y sienta un precedente importante en la política social de la provincia, demostrando que el Estado puede estar presente donde más se lo necesita, en línea con las políticas de inclusión que caracterizan a esta gestión.
En definitiva, la Ley 15.625 representa un avance concreto en la construcción de una provincia más justa e inclusiva, donde el Estado asume un rol activo en la protección de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que más lo necesitan. Esta ley viene a saldar una deuda histórica con las personas que viven en la calle, una población que muchas veces es invisibilizada y estigmatizada. Con esta herramienta, el Estado provincial no solo reconoce sus derechos, sino que se obliga a garantizarlos a través de políticas concretas. La creación de la red de centros y los equipos móviles son un ejemplo de cómo la gestión pública puede transformar la vida de las personas cuando hay voluntad política y compromiso social. En un contexto donde desde algunos sectores se promueve el ajuste y la exclusión, esta iniciativa demuestra que es posible construir una sociedad más solidaria e igualitaria.