El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, tomó una decisión que atenta contra la transparencia y el derecho a la información: prohibió el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados, incluso aquellos con permisos permanentes, sin previo aviso ni justificación oficial.
La restricción, ordenada por el jefe de la Casa Militar, Guillermo Ibañez, responsable de la seguridad presidencial, se aplicó de manera inmediata, impidiendo que cronistas, camarógrafos y reporteros gráficos puedan realizar su labor diaria en la sede del Poder Ejecutivo.
Esta medida se produce en un contexto de creciente tensión entre el oficialismo y sectores del periodismo. Un día antes, la administración libertaria presentó una denuncia penal contra un periodista acreditado por presunto espionaje ilegal, lo que derivó en la revocación de su acreditación. Sin embargo, la prohibición de este jueves amplió su alcance y afectó a la totalidad de los medios acreditados, generando alarma en las organizaciones periodísticas y sindicatos de prensa.
La decisión, calificada como "autoritaria" por diversas entidades, limita el ejercicio del periodismo y el acceso a la información pública, derechos fundamentales en cualquier democracia. Hasta el momento, no se ha difundido una explicación oficial detallada sobre las razones de la medida ni sobre su duración; tampoco se aclaró si será temporal o un cambio permanente en la cobertura desde la Casa Rosada.
Mientras tanto, desde el kirchnerismo y sectores de la oposición se advierte que estas restricciones buscan ocultar la gestión de un gobierno que no resiste el control de la prensa. La transparencia institucional y la vigilancia de la actividad oficial quedan en jaque, mientras se aguardan definiciones en las próximas horas.
