El Senado aprobó con 37 votos a favor y 33 en contra la media sanción del proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa, que busca modificar las herramientas judiciales vinculadas a desalojos y ocupaciones, ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados para completar su recorrido legislativo antes de convertirse en ley. La ajustada votación refleja la controversia que generó la propuesta, cuestionada por organizaciones sociales y de derechos humanos por su impacto en los sectores más vulnerables.
El oficialismo presentó el proyecto como un instrumento para reforzar la seguridad jurídica y ampliar la protección de los titulares de inmuebles. Sin embargo, los puntos más conflictivos giran en torno a los procedimientos para recuperar propiedades ocupadas y a la situación de los inquilinos frente a incumplimientos de contrato. Durante el tratamiento en el Senado, el oficialismo retiró dos capítulos que habían generado fuertes objeciones: uno vinculado a la compra de tierras por parte de extranjeros y otro relacionado con el cambio de uso de terrenos afectados por incendios. Esa decisión fue clave para reunir los votos necesarios para la media sanción, aunque dejó en evidencia las fisuras internas y la debilidad del proyecto original.
Desalojos más rápidos, menos garantías
La reforma apunta a acelerar los procesos judiciales para recuperar inmuebles ocupados. En las negociaciones previas dentro del Senado se contempló un mecanismo exprés para los casos de falta de pago de alquileres y plazos aún más cortos para otras situaciones de ocupación. El régimen actual, establecido en el Código Civil y Comercial, exige una intimación fehaciente al inquilino y un plazo mínimo para regularizar la deuda antes de iniciar una demanda de desalojo. El proyecto plantea modificar ese esquema procesal y avanzar hacia trámites más ágiles, lo que podría dejar a las familias inquilinas sin tiempo suficiente para organizar su defensa.
Los impulsores de la iniciativa sostienen que el objetivo es evitar que los juicios se prolonguen durante años y dar mayores certezas a los propietarios. En cambio, las organizaciones que rechazan la reforma advierten que acortar los tiempos procesales reduce las posibilidades de defensa de las familias que enfrentan un desalojo y puede incrementar su vulnerabilidad. La preocupación no es menor: en un contexto de crisis económica y déficit habitacional, la medida profundizaría la situación de quienes dependen del alquiler como única opción.
El impacto en los barrios populares
El debate no se limita a los contratos de alquiler. La iniciativa también toca el sistema de protección implementado en los últimos años para las familias de barrios populares, que evita desalojos mientras avanzan los procesos de regularización dominial e integración urbana. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) difundió un documento en el que señaló que el proyecto podría afectar esa protección, además de modificar normas sobre alquileres, desalojos y políticas de acceso al suelo. Este punto es central, ya que los barrios populares fueron una prioridad de las gestiones kirchneristas, que impulsaron la urbanización y la regularización dominial como políticas de Estado.
Durante el análisis en las comisiones del Senado participaron representantes de distintos sectores. Entre los expositores estuvo Gervasio Muñoz, de la organización Inquilinos Agrupados, quien expuso sobre las implicancias de las modificaciones propuestas, alertando que la ley podría habilitar desalojos sin control judicial suficiente y dejar a miles de familias en la calle. Desde el oficialismo, la defensa de la reforma se basó en la necesidad de fortalecer el derecho de propiedad y dar herramientas más eficaces a quienes sufren ocupaciones. El propio Senado indicó que la iniciativa contempla cambios en el Código Civil y Comercial, el Código Procesal y otras normas vinculadas con la propiedad.
Un cambio de paradigma en discusión
El trasfondo del debate excede lo estrictamente judicial. La propuesta redefine el equilibrio entre el derecho de propiedad, las obligaciones contractuales y las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a la vivienda. Para quienes la respaldan, agilizar los desalojos puede reducir los riesgos de los propietarios y, eventualmente, incentivar una mayor oferta de inmuebles en alquiler. Para sus críticos, la reducción de garantías procesales profundiza la situación de quienes dependen del alquiler como única opción habitacional, en un contexto de fuerte aumento de los precios y caída del poder adquisitivo.
La legislación vigente ya prevé mecanismos para reclamar la restitución de un inmueble cuando finaliza una locación y contempla procedimientos judiciales para recuperar la tenencia. La reforma busca hacer esos trámites más rápidos y reforzar la posición jurídica del propietario, pero a costa de debilitar la protección de los inquilinos. La media sanción no implica la entrada en vigencia de los cambios: el texto debe ser analizado por Diputados, aprobado por ambas cámaras y promulgado para convertirse en norma obligatoria. Así, el futuro de la iniciativa vuelve a poner en el centro una discusión que atraviesa a millones de personas: hasta dónde llega la protección de la propiedad privada y qué garantías deben mantenerse para quienes alquilan o viven en situaciones de vulnerabilidad habitacional. Las organizaciones sociales ya anticiparon que continuarán la lucha en la Cámara baja para frenar una ley que consideran regresiva y contraria al derecho a la vivienda.
