Una iniciativa de reforma constitucional propone que quienes aspiren a cargos electivos nacionales y provinciales acrediten experiencia política previa, fomentando así una carrera política gradual con antecedentes concretos de gestión capaz de responder a las complejidades institucionales.
La propuesta cuestiona que la actual regulación, basada en el artículo 89 de la Constitución Nacional reformada en 1994, permita postularse con mínimos requisitos de edad y residencia, lo que en la práctica habilita vacíos jurídicos y la asunción de cargos estratégicos sin trayectoria previa.
Se destaca que, en cualquier función pública eficaz, la experiencia en gestión resulta fundamental, y se señala el caso de presidentes sin recorrido político significativo, lo cual resulta inadecuado para liderar a una Nación con más de 47 millones de habitantes.
En concreto, la iniciativa plantea que para ser presidente de la Nación será condición haber sido gobernador; para gobernar, haber ejercido como intendente; y en el ámbito legislativo, que para ser senador se precise haber sido diputado, y para diputado, concejal. Esto configura un camino escalonado que fortalece la formación política y la capacidad para desempeñar cargos ejecutivos y legislativos con responsabilidad y eficacia.
Se establece también que quien desconozca esta trayectoria deberá iniciar su carrera en cargos municipales, tanto si aspira a funciones ejecutivas como legislativas, reafirmando la necesidad de construir una gestión pública basada en la experiencia y no en meras campañas mediáticas o promesas poco respaldadas.
Esta propuesta de reforma pretende evitar la llegada a cargos clave de personas sin formación ni experiencia verificables, promoviendo la transparencia y la claridad en las reglas para acceder a funciones públicas estratégicas para el desarrollo y defensa de los derechos sociales y económicos del pueblo argentino.
Desde la iniciativa se llama a un debate serio y constructivo que permita fortalecer la democracia y garantizar que quienes asuman responsabilidades públicas estén debidamente capacitados para promover políticas que impulsen la justicia social, el desarrollo industrial y la educación pública, pilares que han sido prioridad para los gobiernos kirchneristas y para la gestión de Axel Kicillof.
