La interpelación por la situación de seguridad en Morón no terminó cuando se apagaron los micrófonos del Concejo Deliberante. Lejos de eso, las repercusiones políticas dentro del Municipio continúan y, según una investigación periodística publicada recientemente, la jornada habría profundizado las diferencias dentro del oficialismo local, en un contexto de disputa interna que atraviesa a Unión por la Patria en el distrito.
El jueves 17 de septiembre, el secretario de Seguridad Ciudadana, Damián Cardoso, concurrió al recinto en representación del intendente Lucas Ghi, quien no se presentó personalmente. La sesión se extendió durante más de siete horas y fue el escenario de cuestionamientos de distintos bloques sobre la política de seguridad, los recursos municipales, los patrullajes, el combustible, las horas extras y la conformación de la futura Policía Municipal.
La convocatoria había sido impulsada después del violento episodio ocurrido frente al Colegio Emaús de El Palomar, donde un comisario retirado fue baleado durante un intento de robo. El hecho provocó reclamos vecinales y llevó al Concejo a exigir explicaciones sobre las políticas de prevención implementadas por el Ejecutivo.
La interna oficialista, en el centro de la escena
Durante la extensa sesión, Cardoso defendió las políticas implementadas por su Secretaría y presentó estadísticas oficiales sobre distintos delitos. Entre otros datos, sostuvo que los robos de automotores a mano armada habían descendido en los últimos años y explicó parte del esquema previsto para la nueva fuerza de seguridad municipal.
Pero la discusión también dejó expuesta la interna política dentro de Unión por la Patria en Morón.
El concejal Diego Spina, identificado con el sector de Martín Sabbatella, cuestionó directamente la ausencia del jefe comunal y sostuvo que el objetivo de la convocatoria era obtener respuestas del intendente. También reclamó información sobre los móviles que se encontraban en la zona del Colegio Emaús, sus recorridos mediante GPS, el consumo de combustible y las horas extras destinadas al dispositivo de seguridad.
La ausencia de Ghi fue, precisamente, uno de los puntos políticos centrales de la jornada. El Concejo había aprobado la convocatoria para que el intendente o el funcionario que éste designara brindara explicaciones. Finalmente, fue Cardoso quien respondió durante aproximadamente siete horas.
Denuncias sobre cartelería política
En paralelo a la tensión generada por la interpelación, se publicó una denuncia que agrega otro capítulo a la interna política municipal.
Según esa publicación, el Ejecutivo de Morón habría ordenado acciones contra afiches y cartelería vinculados al exintendente Martín Sabbatella, actualmente lanzado como precandidato a intendente por Fuerza Patria.
La investigación sostiene que dos trabajadoras de la Dirección de Inspección General habrían sido enviadas a retirar o deteriorar afiches mediante aerosoles provistos por el Municipio, a cambio de horas extras.
El mismo artículo afirma que el secretario Guillermo Pascuero habría ejercido presiones sobre constructores cuyas obras exhibían publicidad política de Sabbatella, advirtiéndoles que podrían tener inconvenientes con la entrega de planos.
Además, según la denuncia, otras empresas dedicadas a la publicidad en la vía pública habrían recibido presiones para cubrir carteles vinculados al sector opositor interno y que posteriormente se habrían colocado fajas de clausura sobre determinadas cartelerías.
Estas acusaciones corresponden a la investigación periodística citada y no implican, por sí mismas, que los hechos denunciados hayan sido acreditados judicialmente.
El conflicto por la información de los empleados municipales
Otro de los puntos señalados en la publicación está relacionado con la información sobre el personal municipal y la futura Policía Municipal.
Durante la interpelación, Cardoso informó detalles sobre la composición de la fuerza que se encuentra en etapa de capacitación. Según lo expuesto públicamente, el esquema incluye exintegrantes de distintas fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas.
A partir de esa información, la investigación sostiene que dentro del Ejecutivo se habría intentado determinar cómo llegó a sectores de la oposición la nómina de personas incorporadas al proceso de formación.
De acuerdo con esa denuncia, trabajadores de la Dirección de Recursos Humanos habrían sido presionados para firmar un denominado “Compromiso de Confidencialidad”, referido a información vinculada con la administración municipal.
El medio cuestiona la legalidad de ese mecanismo y sostiene que determinados datos relacionados con la estructura y el funcionamiento del Municipio deberían encontrarse sujetos a las normas de acceso a la información pública y no a restricciones internas de carácter general.
La cuestión podría generar nuevas controversias laborales y administrativas si los trabajadores afectados, sus representantes sindicales o sectores políticos deciden recurrir a organismos de control o a la Justicia.
Un frente judicial que podría ampliarse
La investigación también menciona la existencia de denuncias penales contra funcionarios del Ejecutivo municipal y de procesos en el fuero Contencioso Administrativo vinculados con decisiones adoptadas por la administración de Ghi.
Entre los conflictos mencionados aparecen causas relacionadas con concursos en el área de Salud y cuestionamientos a decisiones sobre trabajadores municipales y jubilaciones.
En este punto también resulta necesario diferenciar las denuncias y procesos en trámite de eventuales condenas: la existencia de una presentación judicial no implica que los hechos denunciados hayan sido judicialmente comprobados.
El nuevo episodio relacionado con los empleados municipales podría, según el artículo publicado, derivar en nuevas presentaciones sindicales o judiciales.
Una disputa que sigue abierta
La extensa interpelación por seguridad terminó funcionando como un nuevo escenario para una disputa política que excede la cuestión del delito.
Por un lado, el gobierno de Lucas Ghi busca defender las políticas implementadas y mostrar resultados estadísticos. Durante la sesión, Cardoso presentó datos sobre la evolución de determinados delitos y explicó el despliegue previsto para la nueva fuerza municipal.
Por otro, distintos sectores opositores y dirigentes del propio espacio político cuestionan la ausencia del intendente, reclaman mayor información y ponen bajo la lupa decisiones vinculadas con seguridad, personal y recursos municipales.
A esa discusión se suma ahora la denuncia sobre supuestas presiones relacionadas con cartelería política y trabajadores municipales, un episodio que podría profundizar todavía más la interna entre el sector de Ghi y el espacio que responde a Sabbatella.
Mientras tanto, la inseguridad continúa siendo uno de los principales reclamos de los vecinos de Morón y el Concejo Deliberante ya convirtió el tema en uno de los principales ejes de discusión política del distrito. El desafío para el Ejecutivo será responder no solamente a las críticas sobre sus políticas de seguridad, sino también a los cuestionamientos que comenzaron a aparecer alrededor del manejo interno de la administración municipal.