El Gobierno nacional amplió este martes los procedimientos administrativos contra otros 15 sujetos por presunta actividad hidrocarburífera sin autorización argentina en la plataforma continental. La decisión, informada oficialmente por la Oficina del Presidente, se inscribe en el marco de la disputa por los recursos naturales del Atlántico Sur y refuerza el expediente que ya estaba en curso. Se trata de un paso administrativo que apunta a dar una señal clara sobre la posición argentina ante operaciones que se realizan sin el permiso del Estado, en un territorio que el país reivindica como propio.
De esta manera, son 60 las personas y empresas alcanzadas por las actuaciones. El fundamento es el artículo 2° de la Ley 26.659, que establece la necesidad de contar con permiso estatal para explorar, explotar o desarrollar hidrocarburos en esa zona. En los hechos, la norma condiciona el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental a una autorización previa del Estado argentino. La ley se convierte así en la base legal sobre la que el Gobierno sostiene estos sumarios. Desde el Ejecutivo aclararon, no obstante, que la apertura de los expedientes no equivale a una sanción firme ni a una condena: cada caso deberá determinar responsabilidades antes de aplicar penalidad alguna. Esa distinción marca el punto de partida de un proceso que, por ahora, se encuentra en su etapa inicial.
En forma paralela, la denuncia penal presentada por el Poder Ejecutivo quedó radicada en el juzgado federal de Julián Ercolini. Esa causa involucra a cinco compañías: Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas, todas vinculadas a operaciones en la Cuenca Malvinas Norte. La elección del fuero penal agrega una instancia adicional al recorrido administrativo, con lo cual las empresas podrían enfrentar consecuencias en dos planos distintos. El avance de esa investigación será clave para determinar si existen responsabilidades concretas y si corresponden medidas más severas.
La mención de la Ley 26.659 en la comunicación oficial subraya que la administración central no parte de cero en esta disputa: la norma ya era el respaldo de los 45 expedientes previos y ahora suma otros 15. Esa continuidad muestra que, más allá del resultado final de cada causa, la estrategia estatal consiste en sostener un control administrativo y judicial sobre las empresas que pretenden operar en la plataforma continental sin autorización argentina.
El objetivo declarado de estas medidas es desalentar la participación de actores sin habilitación argentina en la explotación de los recursos alrededor de las islas. El recorrido administrativo y judicial, sin embargo, recién comienza: el impacto real de las sanciones dependerá de cómo avance la autoridad de aplicación, del ritmo de la Justicia y de la recepción internacional que tengan las decisiones adoptadas. Mientras tanto, la administración central mantiene en pie el principio de que ningún emprendimiento hidrocarburífero en esa zona puede llevarse a cabo al margen de la legislación nacional.
La decisión adoptada este martes se suma a un camino que ya contaba con 45 procedimientos en curso, según los datos difundidos oficialmente. Esa cifra refleja la magnitud del operativo estatal sobre un entramado de empresas que, de acuerdo con la denuncia, desarrollan su actividad en la Cuenca Malvinas Norte sin la correspondiente habilitación argentina. Con esta decisión, el Estado argentino vuelve a poner sobre la mesa su reclamo de soberanía sobre la plataforma continental y su derecho a controlar la actividad hidrocarburífera en una zona estratégica para el país. La continuidad de los sumarios y de la causa penal será determinante para comprobar si las advertencias se traducen en sanciones efectivas contra quienes operan sin autorización.


