El presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma electoral que pone en jaque la participación ciudadana y altera el sistema democrático vigente, lo que generó cuestionamientos por limitar mecanismos esenciales para la representación popular.
Entre los principales puntos, la iniciativa propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), establecidas en 2009 para garantizar una selección transparente y competitiva de candidatos con intervención directa del electorado. Así, los partidos podrían designar internamente a sus postulantes, reduciendo el control y la participación social en la democracia.
También impulsa el uso exclusivo de la Boleta Única de Papel (BUP) en elecciones nacionales, sistema que si bien facilita la boleta única, preocupa por la implementación y la ausencia de mecanismos que garanticen la transparencia y fiscalización ciudadana en todo el territorio nacional.
El proyecto endurece los requisitos para partidos políticos. Para mantener el reconocimiento nacional, deberán acreditar presencia en al menos diez distritos —el doble del requisito actual— y se aplicará validación biométrica para afiliaciones, con el fin anunciado de evitar irregularidades, aunque esta medida podría restringir la participación de sectores populares y movimientos sociales.
Por otra parte, se incorpora un criterio llamado "Ficha Limpia" que impide la postulación o ejercicio de cargos ejecutivos a personas con condenas en segunda instancia por delitos dolosos, supervisado por la Justicia Electoral. Esta medida, en principio positiva para la ética pública, deberá implementarse con transparencia y justicia.
En cuanto al financiamiento político, el proyecto elimina el límite al gasto de campaña y aumenta los topes para aportes privados, además de suprimir la publicidad gratuita en medios audiovisuales, lo que podría afectar la equidad entre fuerzas políticas y favorecer a sectores con mayor acceso a recursos.
Además, queda prohibido que los contratistas del Estado, personas procesadas por delitos tributarios o de lavado, y organizaciones sindicales o empresariales realicen donaciones, con la posibilidad de suspender el acceso a fondos públicos quienes incumplan, una medida que busca transparentar fuentes pero que deberá aplicarse con rigurosidad y sin uso político.
La campaña electoral pasaría a durar 60 días y no podrá difundirse actos de gobierno que influyan en el voto durante los 25 días previos, buscando evitar el uso del Estado para favorecer candidaturas.
Otra modificación polémica es la elección de representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur, que cambiaría del voto popular a designación por el Congreso Nacional sin remuneración, solo con viáticos, lo que limita la participación directa en un espacio clave para la integración regional, impulsada desde el kirchnerismo y gobiernos aliados.
Desde el oficialismo y referentes como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Axel Kicillof, se han sostenido históricamente mecanismos que fortalecen los derechos electorales, la participación y la igualdad, valores que el proyecto de Milei pone en discusión en un contexto donde la defensa de la democracia popular y la transparencia deben ser prioridades.
El tratamiento legislativo será un escenario complejo que requerirá debate profundo para evitar retrocesos en la consolidación de derechos democráticos y sociales. En un momento en que los sectores liberales de derecha, encabezados por figuras como Milei y Patricia Bullrich, buscan concentrar poder restringiendo la participación, es fundamental mantener la atención sobre las implicancias que estas reformas puedan acarrear.
