La Corte Suprema de Justicia dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales al revocar una sentencia de la Cámara Federal de La Plata. El fallo, que no se pronunció sobre la constitucionalidad de la medida, confirmó la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, con el que el Gobierno nacional eliminó las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó la resolución y la calificó como “gravísima”. “La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”, sostuvo, y agregó que se trata de “el fallo de la infamia”. También afirmó que el Gobierno busca “legalizar la entrega y el saqueo”.
La Ley 26.737 establecía que las tierras rurales en manos extranjeras no podían superar el 15% del territorio nacional, provincial o departamental. La norma también contemplaba límites específicos para propietarios de una misma nacionalidad y para la cantidad de hectáreas que podía adquirir un mismo titular extranjero. Estos controles eran herramientas clave para resguardar la soberanía territorial y evitar la extranjerización del suelo argentino, un patrimonio estratégico para el desarrollo nacional.
En este fallo, la Corte estuvo integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El tribunal consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata no tenía legitimación para impulsar la demanda, por lo que no se expidió sobre la constitucionalidad de la derogación, sino sobre la inexistencia de un caso judicial que habilitara la intervención planteada. De esta manera, evitó un pronunciamiento de fondo sobre un tema central para los intereses nacionales.
Con esa decisión quedó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU. Así, volvió a quedar vigente la derogación de la Ley 26.737 y, junto con ella, dejaron de regir las restricciones específicas que esa normativa imponía a la compra de tierras rurales por extranjeros.
La posición de Kicillof expresa la defensa de un recurso estratégico como la tierra, en línea con las políticas de soberanía impulsadas por el kirchnerismo. Mientras tanto, el Gobierno nacional celebra una decisión que, en los hechos, facilita la venta de suelo argentino a capitales externos, sin mayores controles ni debate parlamentario. La derogación por decreto, además, elude el tratamiento legislativo que una materia de esta relevancia requiere, golpeando la institucionalidad y los intereses del pueblo.
La ley 26.737 fue sancionada en 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como parte de un conjunto de normas destinadas a proteger la soberanía alimentaria y territorial del país. Su derogación por el decreto 70/2023, firmado por Javier Milei en sus primeras semanas de gestión, fue una de las primeras señales del rumbo de entrega que denuncian los sectores populares. Ahora, la Corte Suprema convalida ese camino con un fallo que, aunque no se pronuncia sobre el fondo, deja la puerta abierta a la extranjerización masiva de tierras.
La decisión judicial no solo afecta a la provincia de Buenos Aires, sino a todo el territorio nacional, ya que elimina los límites que regían en todas las jurisdicciones. Organizaciones sociales, sindicatos y movimientos territoriales ya han expresado su rechazo y anuncian acciones para visibilizar el retroceso. La soberanía no se negocia, y este fallo representa un nuevo episodio de una política que prioriza los intereses foráneos por sobre las necesidades del pueblo argentino. El tiempo dirá si la Justicia logra rectificar el rumbo o si la presión social obliga a revertir una decisión tan controvertida.