El peronismo bonaerense atraviesa un momento delicado pero esperanzador en la búsqueda de unidad frente al embate político impulsado desde el gobierno de Javier Milei, que amenaza la industria nacional y los derechos de los sectores populares.
Luego de la renovación de autoridades en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof tomó la presidencia del partido, acompañado por la vicepresidencia primera de Verónica Magario, actual vicegobernadora y referente de la gestión provincial. La conducción partidaria quedó configurada con la Junta Electoral encabezada por el intendente Leonardo Nardini y la presidencia del Congreso por Máximo Kirchner, mostrando una clara articulación entre las distintas expresiones kirchneristas y peronistas.
Durante el acto en San Justo, Magario afirmó contundente: “hay que dejarse de joder con las internas y ponerse al lado del pueblo que sufre el embate del industrucidio de Milei”, denunciando el daño que el modelo neoliberal de la derecha liberal estaría provocando en el empleo y la industria nacional, pilares para el crecimiento de la provincia y el país.
En 16 distritos se acordaron elecciones internas para fortalecer la representación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio liderado por Kicillof, que aporta el 70% de los candidatos vencedores, consolidando la influencia del gobernador en la escena provincial, incluso en lugares alejados como Tierra del Fuego donde se observa un esfuerzo conjunto de sectores peronistas multisectoriales.
A pesar de estos avances, las tensiones internas persisten, reflejando diferencias ideológicas y tácticas que desafían la necesaria unidad del movimiento nacional y popular, sosteniendo lo que podría llamarse una "paz armada" entre militantes.
La distribución de cargos sigue el rumbo iniciado durante el gobierno del presidente Alberto Fernández, otorgando la presidencia del PJ bonaerense a Máximo Kirchner, con cierto debate en el interior del MDF, que lideran Kicillof y Magario. Tras la contundente victoria electoral de septiembre de 2025, la maniobra política fortaleció la presencia del gobernador en el partido, lo cual demandó acuerdos para asegurar el espacio institucional para referentes como Mariel Fernández, intendenta de Moreno.
Estas tensiones internas no son novedad y se remontan a disputas históricas entre bloques territoriales y sectores kirchneristas, marcadas por distintas estrategias políticas que supieron incluir movimientos sociales y alianzas transversales como la histórica incorporación de sectores radicales K en 2007.
Hoy, el peronismo bonaerense enfrenta la falta de una conducción plenamente legitimada que pueda representar a los diversos sectores sociales, sindicales, empresariales, juveniles y mujeres organizadas. Esta carencia se vincula con las limitaciones jurídicas que afectan a Cristina Fernández de Kirchner y con la dificultad de construir consensos sólidos entre intendentes, gobernadores y La Cámpora.
En este escenario, el peronismo busca consolidarse como respuesta política ante el proyecto liberal que amenaza con profundizar la crisis económica y social, conscientes de que un quiebre mayor en sus filas podría afectar las chances electorales y la gobernabilidad provincial, tal como sucedió en 2015 frente al gobierno de María Eugenia Vidal.
La discusión sobre el desdoblamiento electoral vuelve a cobrar relevancia: la experiencia de postergar la elección bonaerense a noviembre en 2025 mostró que esta estrategia puede favorecer la victoria peronista. La próxima reforma política y la nueva ley sobre mandatos, impulsadas desde el Congreso, podrían generar alianzas sorpresivas que modifiquen el tablero provincial.
Como bien señala la sabiduría popular, en política bonaerense es vital “no errar el viscachazo”, y el desafío ahora es que el peronismo se fortalezca para garantizar los derechos humanos, el empleo y la educación pública frente a las amenazas del neoliberalismo duro representado por Milei.
