El reciente operativo que desarticuló una organización de extorsionadores desde la Unidad Penitenciaria N°43 en González Catán vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de controlar el ingreso y uso de celulares en cárceles bonaerenses, una problemática recurrente que afecta la seguridad y el derecho de las víctimas.
El senador Carlos Curestis, representante del espacio La Libertad Avanza, insistió en la prohibición total del uso de celulares en las cárceles bonaerenses tras la detención de 32 personas vinculadas a esta banda criminal. Entre los arrestados se encuentran un efectivo de la policía y dos agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), evidenciando complicidades internas preocupantes dentro del sistema penitenciario.
El legislador destacó que "el uso de celulares desde las cárceles bonaerenses para coordinar extorsiones, amenazas, maniobras de fraude y actividad delictiva organizada es una problemática recurrente y documentada que el Estado provincial tiene la obligación de atender con urgencia y eficacia".
El operativo policial del 8 de junio realizado por el Departamento de Casos Especiales incluyó 31 allanamientos en el Conurbano y unidades penitenciarias, desbaratando una red que utilizaba teléfonos celulares para extorsionar víctimas desde la cárcel, recaudando pagos por USD 10.000 y más de 3 millones de pesos en transferencias ilegales.
La investigación reveló el empleo de perfiles falsos y "cuentas mulas" para canalizar dinero ilícito, mientras que la continuidad de estas acciones refleja un grave problema en la vigilancia dentro de las cárceles. Curestis denunció que "personas privadas de su libertad, bajo la custodia del Estado provincial, disponían de teléfonos celulares en funcionamiento dentro de una unidad penitenciaria y los utilizaban de manera sistemática y organizada para cometer delitos contra la ciudadanía".
Ante esta realidad, el senador solicitó al Ejecutivo provincial que refuerce los controles en el ingreso a las unidades del SPB y realice requisas regulares, además de implementar inhibidores de señal para impedir el uso de celulares en las prisiones.
La controversia sobre el uso de celulares en cárceles resurgió debido al protocolo vigente desde 2020 que autorizó dispositivos para facilitar la comunicación de los internos con familiares y garantizar el acceso a la educación y la información procesal durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, este protocolo ha sido cuestionado ante los reiterados casos de delitos que operan desde las prisiones.
En este marco, iniciativas legislativas buscan endurecer las restricciones. La "Ley Rodrigo", impulsada por el diputado bonaerense Oscar Liberman, propone eliminar el protocolo vigente y limitar el contacto de internos a dispositivos provistos y controlados por el SPB, restringiendo el tiempo y número de contactos autorizados. La legislación recuerda la trágica muerte del soldado Rodrigo Gómez, víctima de extorsión telefónica originada desde un penal.
También se suman propuestas opositoras como la del senador Pablo Petrecca (PRO), que plantea un Sistema de Comunicación Digital Supervisada para controlar y restringir el uso de celulares dentro de las cárceles, buscando evitar que continúen las operaciones delictivas desde adentro.
Por último, la senadora Malena Galmarini representa la postura del peronismo con un proyecto que prohíbe la tenencia de dispositivos tecnológicos no autorizados en las cárceles, garantizando a su vez comunicaciones supervisadas para mantener el vínculo familiar y legal, pero impidiendo que los internos delinquen desde la prisión. Galmarini afirmó: “El que está preso tiene que cumplir la condena que le impuso la Justicia, no seguir delinquiendo desde una celda”, defendiendo la necesidad de proteger a las víctimas de extorsiones y fraudes.
Este complejo escenario exige una respuesta responsable y coordinada del Estado bonaerense para preservar la seguridad ciudadana, reforzar la industria de vigilancia dentro del sistema penitenciario y priorizar los derechos humanos tanto de las víctimas como de los derechos básicos de los internos, mujeres y hombres, en cumplimiento de las normas vigentes.
