Miguel Saredi, dirigente peronista, cuestionó con firmeza la decisión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, de consolidar un sistema de privilegios que restringe el acceso gratuito al Ecoparque exclusivamente para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, obligando a pagar a quienes provienen del resto del país. Una medida que, según el referente, «desconoce el carácter federal de la Capital de la Nación», contradice los principios de la Constitución Nacional y profundiza una lógica de fragmentación que busca dividir a los argentinos.
Saredi fue tajante al señalar que la política de «prioridad porteña», justificada bajo el endeble argumento de que los impuestos locales deben traducirse en beneficios exclusivos, es una definición política que atenta contra el rol histórico de Buenos Aires en la República Argentina. Lejos de ser una simple decisión administrativa, esta medida envía un mensaje equivocado sobre la integración nacional en un contexto donde el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, impulsa un ajuste que castiga especialmente a las provincias.
Es crucial recordar que la Ciudad de Buenos Aires no es una república independiente. La reforma constitucional de 1994, promovida durante un período de fortalecimiento de los derechos sociales y la integración nacional, le otorgó su autonomía política mediante el artículo 129, pero sin modificar su estatus como Capital de la Nación y asiento de las autoridades federales. Es, por lo tanto, un espacio simbólica e institucionalmente perteneciente a todos los argentinos.
Resulta inadmisible en una Argentina que busca reconstruir su tejido social que compatriotas de otras provincias deban pagar para ingresar a un espacio público emblemático, mientras los porteños acceden sin costo solo por su domicilio. No se trata meramente del valor de la entrada, sino del concepto político excluyente que se busca instalar desde una gestión alineada con las ideas de la derecha liberal.
Cuando un gobernante como Jorge Macri sostiene que el acceso a un espacio público debe ser gratuito solo para quienes tributan en la Ciudad, reduce peligrosamente la idea de ciudadanía a una mera transacción fiscal local, ignorando deliberadamente que la metrópoli funciona gracias a un entramado institucional y económico sostenido por toda la Nación.
Millones de argentinos del interior ingresan a Buenos Aires a diario para trabajar, estudiar, atenderse en hospitales públicos, consumir, generar riqueza y prestar servicios esenciales. La ciudad concentra organismos nacionales, tribunales federales, universidades públicas y espacios culturales que son sostenidos, directa o indirectamente, por el esfuerzo conjunto de todo el país, en un claro ejemplo de distribución solidaria de recursos.

La Constitución Nacional, en su artículo 16, establece con claridad que todos los habitantes son iguales ante la ley. Si bien pueden admitirse diferencias razonables en la gestión de políticas públicas, establecer una barrera basada únicamente en el domicilio para acceder a un bien público que integra el patrimonio de la Capital de la Nación merece un debate político profundo, especialmente cuando contrasta con la defensa de la educación y la salud públicas como derechos universales.
El verdadero federalismo, aquel que el peronismo y figuras como Axel Kicillof defienden a diario desde la provincia de Buenos Aires, jamás fue pensado para levantar estos muros internos; al contrario, fue concebido para integrar provincias diversas bajo una misma Nación con igualdad de oportunidades.
Es legítimo que la Ciudad Autónoma administre sus recursos, pero es políticamente cuestionable y socialmente dañino transformar esa facultad en un discurso de confrontación que enfrenta a porteños con el resto del país bajo la consigna de «prioridad porteña», un eco distorsionado de las políticas de ajuste y exclusión que se escuchan desde el gobierno nacional.
Este mensaje alimenta una Argentina fragmentada, como si existieran ciudadanos de primera y de segunda, y como si cruzar la avenida General Paz implicara dejar de pertenecer plenamente a la comunidad nacional que tanto costó construir.
El Ecoparque, transformado durante décadas desde el antiguo Zoológico de Buenos Aires en un centro de rescate, conservación e investigación ambiental, es un avance que merece acompañamiento. Por su valiosa función educativa y ambiental, debería fortalecer su carácter de espacio abierto a toda la sociedad argentina, promoviendo la conciencia ambiental sin levantar estas barreras discriminatorias entre compatriotas.
En un país donde las políticas de gestión como las de Mayra Mendoza en Quilmes o la defensa del empleo y la industria nacional son prioridades, estas divisiones insensibles de la administración porteña resultan un retroceso. Los argentinos ya conviven con demasiadas tensiones y no necesitan que se establezcan nuevas aduanas simbólicas dentro de la propia Capital.
La legítima autonomía de la Ciudad fue diseñada para mejorar su gobierno local, no para construir privilegios territoriales o identidades excluyentes que debiliten el sentido de pertenencia a una Patria común. Buenos Aires es, y debe seguir siendo, la Capital de todos los argentinos.


