El diputado provincial Facundo Tignanelli, junto al Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, dieron un paso concreto para enfrentar la crisis de endeudamiento que atraviesan miles de familias en la provincia de Buenos Aires. Se trata del Programa de Acompañamiento a Familias Deudoras y del proyecto de ley de Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores, dos herramientas complementarias que buscan poner un freno a los abusos del sector financiero.
En un contexto de ajuste económico que golpea con fuerza a los sectores populares, el diputado matancero advirtió sobre el impacto directo en su distrito: “Hoy, uno de cada tres matanceros tiene deudas vinculadas exclusivamente a alimentos o tarifas de servicios. No hablamos de créditos para cambiar el auto o comprar una casa, sino de gastos corrientes de supervivencia que no se pueden sostener”.
La situación se agrava por el hostigamiento sistemático que denunció Tignanelli por parte de las entidades de cobro: “Los acreedores están cruzando todos los límites. Apretan a las familias, amigos y hasta los lugares de trabajo amenazando con embargos. Estas prácticas abusivas tienen que cesar para recuperar un marco de racionalidad”.
El diputado fue contundente al explicar las causas de esta realidad: “El pueblo de La Matanza es trabajador, tiene voluntad de honrar sus compromisos y cumplir con sus obligaciones; simplemente hoy no puede hacerlo por el modelo económico de Javier Milei, del que tenemos la esperanza de que pronto se termine”.
Según detallaron, el programa de la Defensoría “ofrece una vía directa para que los vecinos registren sus deudas y el organismo medie frente a los acreedores para fijar pagos sostenibles; mientras que el proyecto de ley crea un marco legal definitivo para prevenir abusos financieros, frenar situaciones de asfixia económica y garantizar acuerdos de reestructuración justos. Las propuestas buscan equilibrar la relación desigual entre los vecinos y las entidades financieras o prestamistas”.
La mediación de la Defensoría del Pueblo resulta central para destrabar conflictos que hoy se resuelven con presión y amenazas. El registro de deudas permitirá al organismo intervenir de manera formal y buscar acuerdos que contemplen la realidad económica de cada familia. De esta manera, se busca evitar que las familias pierdan bienes esenciales o caigan en circuitos de usura.
De esta manera, los bonaerenses que sufren el sobreendeudamiento contarán con una instancia institucional para registrar sus deudas y negociar condiciones de pago que no comprometan su subsistencia. El proyecto de ley, por su parte, establece un régimen que apunta a prevenir prácticas abusivas y a brindar una salida legal a quienes se encuentran en una situación de asfixia económica.
La iniciativa de Tignanelli y Lorenzino se enmarca en una serie de medidas orientadas a proteger a los consumidores y a los sectores más vulnerables frente al impacto del ajuste. Con estas herramientas, la provincia de Buenos Aires busca restablecer un equilibrio en la relación entre las familias trabajadoras y las entidades financieras, muchas veces signada por la desigualdad y la presión indebida.


