La geógrafa e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Patricia Pintos, expresó a Todo Provincial profundas preocupaciones sobre la reciente reforma de la Ley de Glaciares y criticó las modificaciones al proceso de audiencia pública, una instancia clave para la participación ciudadana.
Luego del plenario de comisiones del 4 de marzo, que convocó a más de 60 mil inscriptos para las jornadas realizadas los días 25 y 26, el oficialismo estableció un límite de expositores por jurisdicción, obligando a la mayoría a presentar intervenciones por medios audiovisuales o escritos. "Esto desvirtúa el espíritu de la audiencia pública, que es diseñar un espacio para el diálogo directo y real intercambio", advirtió Pintos.
La investigadora además advirtió que no hay garantías claras de que el material presentado sea revisado integralmente por los legisladores, lo que debilita la consulta popular y ha motivado recursos judiciales que cuestionan la legalidad de esas medidas.
Una reforma que prioriza la megaminería y debilita controles
Patricia Pintos señaló que la reforma beneficia fundamentalmente a actividades de megaminería vinculadas a la extracción de litio y cobre, a expensas de la protección ambiental.
Uno de los cambios más preocupantes es que el control y definición de áreas protegidas se trasladan desde organismos técnicos nacionales hacia las provincias, reduciendo un piso mínimo común de protección ambiental en todo el país.
La investigadora puntualizó que "esto representa un retroceso y genera incertidumbre en la aplicación de normas y criterios ambientales", poniendo en riesgo ecosistemas frágiles.
El agua dulce, eje central en disputa
Los glaciares cumplen una función esencial como reservorios de agua dulce para decenas de millones de personas, especialmente en zonas áridas y semiáridas. "Sin estos sistemas naturales, muchas provincias enfrentarían severas dificultades para garantizar este recurso básico", destacó Pintos.
También advirtió sobre la importancia de las zonas periglaciares, donde se pretende ampliar la megaminería y que resultan clave para mantener el equilibrio hídrico.
Megaminería y modelo extractivo bajo cuestionamiento
La megaminería implica un uso extensivo de explosivos, así como un gran consumo de agua y energía, además de la generación de contaminación química, poniendo en jaque la sustentabilidad ambiental.
Pintos aclaró que "no es la minería en sí el problema, sino la localización de sus actividades", dado que más del 99% del territorio nacional podría ser explotado sin afectar glaciares. El riesgo real está en avanzar sobre áreas ambientales críticas.
Criticó además la frecuente comparación con Chile, alertando sobre las grandes diferencias territoriales y ambientales: "No se puede copiar un modelo sin considerar que muchas de nuestras áreas estratégicas para el agua dulce están en juego".
Resistencia de provincias y organizaciones sociales
Organizaciones socioambientales en provincias como Chubut y Mendoza ya manifestaron su rechazo a la reforma, basados en su experiencia en defensa del agua y contra la megaminería.
Otras jurisdicciones que dependen del agua del deshielo glacial también expresan preocupación por el futuro de sus recursos hídricos.
Según Pintos, "la sociedad tiene una conciencia ambiental consolidada y está defendiendo activamente el agua, recurso vital para la vida".
El desafío: equilibrio entre desarrollo y protección ambiental
La investigadora planteó que la discusión trasciende la ley y apunta al modelo de desarrollo económico y ambiental: "Está en juego la sostenibilidad de la vida. El modelo extractivo se basa en el corto plazo y no contempla los impactos ambientales y sociales futuros".
Concluyó con una reflexión potente: "La verdadera cuestión es elegir entre priorizar la megaminería o proteger el agua, recurso esencial para las generaciones presentes y futuras".
