La Provincia de Buenos Aires mantiene firme su reclamo judicial por una deuda que supera los 22 billones de pesos. Este importe comprende fondos coparticipables que el Estado nacional no ha transferido, la paralización de obras públicas esenciales y la reducción de transferencias previstas por acuerdos previos.
El Ejecutivo bonaerense, liderado por Axel Kicillof, presentó la octava demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la administración de Javier Milei, apuntando al incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y del convenio firmado en 2023.
En una reunión reciente en La Plata con más de 80 intendentes, el gobernador destacó que el objetivo central es recuperar los recursos fiscales que la Provincia legítimamente merece y "defender el cumplimiento de los acuerdos federales".
Además, desde la Gobernación solicitarán al máximo tribunal una medida cautelar que obligue al gobierno nacional a aplicar el método adecuado en el futuro, poniendo fin al perjuicio económico que afecta a la Provincia de Buenos Aires.
El reclamo incluye más de $2.2 billones correspondientes a diferencias en la coparticipación del Fondo del Conurbano para el período 2023-2025, sumado al saldo impago del convenio de 2023, junto con la actualización e intereses que corresponden, según detallan fuentes oficiales.
Esta acción judicial se suma a siete demandas previas iniciadas desde 2020, en un contexto de disputa histórica por la distribución desigual de fondos nacionales hacia la Provincia que concentra la mayor población y las demandas sociales más numerosas del país.
La situación evidencia las profundas tensiones políticas y económicas entre la gestión provincial y la administración nacional encabezada por Milei, donde se debaten cuestiones claves sobre autonomía fiscal y federalismo.
