La Cámara de Diputados otorgó media sanción a la reforma de la ley de glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en una sesión con fuerte presencia de manifestantes y una intensa custodia policial en las inmediaciones del Congreso Nacional.
El respaldo determinante provino de bloques provinciales de San Juan, Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones, junto al PRO y la UCR, quienes avalaron la modificación que otorga mayor autonomía a las provincias para decidir sobre proyectos mineros en áreas periglaciares, acotando la protección ambiental a los cuerpos de hielo que cumplen función hídrica certificada.
Previo a la votación, grupos ambientalistas protagonizaron protestas con incidentes y detenciones, reforzando el despliegue policial para proteger el perímetro del Congreso.
La oposición rechazó la reforma y anunció acciones judiciales. Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales, expresó: “Vamos a judicializar la ley y vamos a seguir cada uno de los proyectos que se activen en cada una de las áreas que hoy están protegidos por la ley. También vamos a judicializarlo. […] Todos los ojos de nuestro trabajo se van a enfocar en cómo avanzan las provincias con estas habilitaciones”.
En el debate se mencionaron también las controversias judiciales vinculadas al jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuya ausencia en la sesión fue notoria para la oposición, aunque está previsto que presente su informe de gestión el 29 de abril.
El nuevo texto reconoció apoyos cruzados entre legisladores provinciales como Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y miembros de Provincias Unidas. En tanto, bloques de Unión por la Patria, Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Coalición Cívica y sectores disidentes de Provincias Unidas manifestaron su rechazo.
Algunos legisladores se ausentaron, destacándose nombres como Ignacio García Aresca (Provincias Unidas), Pablo Yedlin (Unión por la Patria) y Alejandro Finnochiaro (PRO).
Autoridades de provincias con desarrollo minero presentes en la sesión destacaron que, si bien existen alrededor de 4.000 zonas periglaciares con potencial, hasta ahora solo se han autorizado exploraciones en seis.
Las audiencias públicas previas reflejaron un rechazo mayoritario desde la sociedad civil y agrupaciones ambientalistas, con 160 de 175 participantes opositores a la reforma; sin embargo, el diputado sanjuanino José Peluc (La Libertad Avanza) afirmó que en presentaciones escritas la oposición fue menor, aunque sin acceso público para corroborar esta afirmación.
En conclusión, la reforma aprobada otorga mayor autonomía a las provincias para definir proyectos mineros en zonas periglaciares, pero se anticipan fuertes controversias y judicializaciones impulsadas principalmente por sectores ambientalistas y opositores.
