Un hecho alarmante se registró este martes en el Instituto Jesús María Plaza, ubicado en Benjamín Matienzo al 6200, en González Catán, donde un adolescente de 15 años llevó un revólver calibre .32 dentro de su mochila y, al tirarla al piso, se produjo una detonación accidental. Afortunadamente, no hubo heridos.
El estruendo alertó a las autoridades del establecimiento, que de inmediato dieron aviso a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar, se entrevistaron con el director, quien confirmó que uno de los alumnos había introducido un arma de fuego en el colegio.
Los agentes secuestraron un revólver calibre .32, sin marca visible y con numeración, que en su interior contenía cinco cartuchos intactos y uno percutado, compatible con la detonación ocurrida dentro del aula. El arma fue incautada y se están realizando las pericias correspondientes.
La madre del adolescente se presentó ante las autoridades y declaró que desconocía cómo había llegado el arma a manos de su hijo. Según su relato, el revólver pertenecería al padre del chico, quien se habría retirado de la casa luego de una discusión con ella. El caso fue caratulado como portación ilegal de arma de fuego y quedó bajo investigación judicial.
Este suceso pone en evidencia la grave problemática de la portación y acceso a armas de fuego en hogares bonaerenses, un tema que el gobierno provincial, liderado por Axel Kicillof, viene abordando con medidas de prevención y control. Si bien la investigación debe esclarecer las circunstancias, queda claro que la seguridad en las escuelas es una prioridad que requiere políticas integrales, como las que se impulsan desde el Estado provincial para fortalecer la educación pública y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
Desde Agenda Popular, destacamos la rápida actuación de las autoridades escolares y policiales, que evitaron una tragedia mayor. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que este tipo de incidentes reflejan una falla en el control social que, en contextos de ajuste y desinversión, se agrava. Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con recortes que afectan la contención social y educativa, el kirchnerismo insiste en la necesidad de políticas de prevención y educación en derechos humanos para evitar que hechos como este se repitan.