Seguridad pública
Por Redacción —
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires convocó a sesionar el miércoles 12 de noviembre para comenzar el trámite del Presupuesto 2026, junto con la Ley Fiscal Impositiva y la Ley de Financiamiento. En este escenario, el gobierno de Axel Kicillof busca asegurar la sanción de este paquete antes del recambio de la Legislatura en diciembre, aunque deberá acordar con la oposición y con sectores internos como La Cámpora, que ya manifestaron condiciones específicas.
El oficialismo adelantó la convocatoria a la sexta sesión ordinaria para darle ingreso parlamentario al proyecto, con el objetivo de aprobar la denominada "ley de leyes" antes del 10 de diciembre. Para su aprobación, el Presupuesto requiere una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras, es decir, 61 votos en Diputados y 31 en el Senado.
Como el peronismo provincial no cuenta con estos números de manera independiente (necesita sumar 34 votos adicionales en Diputados y 10 en el Senado), Kicillof busca tejer acuerdos políticos con distintos bloques. En el nuevo contexto legislativo, la oposición tendrá un rol mucho más desafiante, señaladamente por el crecimiento del espacio La Libertad Avanza, que se posiciona como la primera minoría, anticipando un escenario con mayor confrontación.

En este contexto, los legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) son vistos como los aliados más factibles para el oficialismo, aunque ya han expuesto reclamos sobre modificaciones puntuales en el presupuesto, especialmente vinculados al Fondo de Fortalecimiento Municipal (FIM).
Los radicales objetan que el FIM, que abastece a los municipios, esté constituido únicamente por el 8% de la deuda proyectada por USD 1.990 millones según la Ley de Financiamiento. Cuestionan que estos recursos dependan del endeudamiento provincial, limitando la autonomía de los intendentes.
Además, solicitan que este fondo sea fijo, ajustado por el CUD (Coeficiente Único de Distribución) y fundamentalmente de libre uso para los jefes comunales. Actualmente, la normativa solo permite destinar los recursos del FIM a inversiones públicas, prohibiendo su aplicación en gastos corrientes.

Paralelamente, la oposición conformada por UCR, PRO y La Libertad Avanza aspira a aprovechar las negociaciones para acceder a cargos estratégicos en organismos provinciales con vacantes, como el Banco Provincia, la Contaduría General y la Dirección General de Escuelas.
No obstante, Kicillof enfrenta el desafío de manejar tensiones internas en el peronismo. El titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, junto a la intendenta camporista de Quilmes, Mayra Mendoza, han expresado públicamente su preocupación por la falta de detalles en el proyecto y la necesidad de ajustarlo.
De hecho, si el sector cristinista se opone, la situación para el gobernador podría complicarse notablemente. En Diputados, hay al menos 15 legisladores alineados con Cristina Kirchner y 10 massistas, mientras que en el Senado suman 16 kirchneristas. Estos votos son cruciales para alcanzar la mayoría de dos tercios que requiere la ley.








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