El uso de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cayó un 19% interanual durante los días hábiles de agosto, con casi 1,7 millones de viajes menos por día en comparación con el mismo mes de 2025. La cifra, relevada por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), evidencia el impacto de las políticas nacionales sobre el bolsillo de los trabajadores.
Según los datos de la AAETA, con información disponible hasta el 9 de agosto, los colectivos transportaron un promedio de 7.237.737 pasajeros diarios en días hábiles, frente a los 8.933.246 registrados un año atrás. La caída también se notó los fines de semana: los sábados los usuarios pasaron de 5.526.994 a 4.416.884 diarios, una baja del 20,1%, mientras que los domingos descendieron de 2.872.763 a 2.543.963, un retroceso del 11,4%.
Entre los factores señalados aparecen los aumentos del boleto y la reducción de frecuencias. En agosto, la tarifa mínima llegó a $852,90 en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en las líneas bonaerenses alcanzó los $1.111,19 tras una suba mensual del 4,4%. Un informe del IIEP de la UBA indica que las tarifas de transporte acumularon un incremento del 73% en el último año, un golpe directo al poder adquisitivo de los usuarios que dependen del colectivo para ir a trabajar o estudiar.
Otro factor es la situación laboral. La desocupación en el Gran Buenos Aires llegó al 8,7% en el primer trimestre de 2026, por encima del 7,8% registrado en los 31 aglomerados urbanos que releva el INDEC. Menos personas ocupadas impacta en los desplazamientos cotidianos, sobre todo en días hábiles. Este escenario golpea con mayor dureza al conurbano, donde la falta de empleo y el costo del transporte se combinan para empujar a miles de familias a resignar viajes.
Mientras el gobierno nacional de Javier Milei insiste con el ajuste y la liberación de tarifas, la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires enfrenta el desafío de sostener la movilidad de los sectores populares con ingresos cada vez más deteriorados. Los datos de la AAETA confirman que el derecho a viajar está en riesgo, y que la política económica nacional es la principal responsable de que cada vez menos trabajadores puedan acceder al transporte público.
