El Gobierno nacional reglamentó este lunes el nuevo Régimen Penal Juvenil, creado por la Ley 27.801, que alcanza a adolescentes de entre 14 y 17 años. El Decreto 875/2026 definió los mecanismos para implementar el sistema en la Justicia nacional y federal, en un paso clave para garantizar un abordaje integral y educativo del delito juvenil.
La reglamentación incorpora la figura del supervisor especializado, que tendrá a su cargo el seguimiento, asistencia y control de los adolescentes durante el proceso judicial. Estos profesionales deberán contar con formación vinculada a áreas como educación, psicología, trabajo social, adicciones o pedagogía infanto-juvenil, lo que refuerza el carácter socioeducativo del régimen.
Además, se creará un Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil dentro del Ministerio de Justicia. Hasta su conformación definitiva habrá un listado provisorio de profesionales y los jueces serán quienes seleccionen al supervisor para cada causa. El proceso para constituir el registro tendrá un plazo máximo de 180 días, aunque preocupa que la demora pueda retrasar la plena aplicación de la ley en algunas jurisdicciones.
El decreto también crea un Comité Interministerial, integrado por representantes de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. Su función será coordinar políticas de prevención, abordaje y reinserción, además de trabajar en la implementación de las penas alternativas previstas por la ley. Este comité será esencial para que el sistema no se limite a lo punitivo y priorice la inclusión social de los jóvenes.
A su vez, funcionará una Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil para articular acciones entre Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La adhesión de las jurisdicciones será voluntaria, un punto que desde diversos sectores se cuestiona por el riesgo de que se generen desigualdades en el acceso a la justicia juvenil según el territorio, algo que la ley original buscaba evitar.
La reglamentación también contempla derechos para las víctimas, entre ellos asistencia especializada y patrocinio jurídico gratuito, y establece capacitaciones para jueces, fiscales, defensores y otros operadores del sistema penal juvenil. Estas medidas son positivas, pero requieren de una implementación efectiva y de recursos estatales para que no queden en letra muerta.
La medida complementa la entrada en vigencia del nuevo régimen, que redujo de 16 a 14 años la edad de punibilidad y establece un sistema diferenciado del régimen penal de adultos para los adolescentes alcanzados. Sin embargo, desde el kirchnerismo se advierte que la clave será garantizar que este sistema tenga un enfoque educativo y de reinserción, tal como lo establece la ley, y no se convierta en una mera herramienta de endurecimiento punitivo que el gobierno de Milei intenta imponer en otras áreas.


