La inversión educativa nacional sufrió un derrumbe del 47,7% durante el bienio 2024-2025, evidenciando un retiro deliberado del Estado en un área clave para el desarrollo.
Así lo revela un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el cual detalla que la función Educación y Cultura registró en 2024 una caída real del 43,2% en comparación con el año anterior. El ajuste fue de tal magnitud que la participación del gasto educativo en el Producto Bruto Interno (PBI) se desplomó aproximadamente 0,6 puntos porcentuales.
El estudio subraya que esta caída se enmarca en un contexto general de achicamiento del Estado impulsado por la administración de Javier Milei. La tijera presupuestaria, lejos de aplicar un recorte generalizado, se ensañó con un sector estratégico que, durante gestiones anteriores como las de Cristina Fernández de Kirchner o el gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Economía Sergio Massa, había sido considerado prioritario para la movilidad social y la producción nacional.
Mientras desde el oficialismo insisten en celebrar la reducción del gasto público como un logro, los números concretos pintan un panorama desolador para el futuro del país. El fuerte recorte contrasta con las promesas de campaña y revela una clara subordinación de la educación a la política de déficit cero.
En este escenario de abandono financiero, las universidades nacionales siguen esperando la plena implementación de la Ley de Financiamiento Educativo. Esta norma, que fue aprobada por el Congreso y ratificada por la Corte Suprema, continúa sin cumplirse, agravando una crisis que pone en riesgo el funcionamiento de casas de estudio y las trayectorias de millones de estudiantes.
El informe de la UBA confirma que, detrás del discurso de la modernización, la actual gestión aplica un plan de desguace silencioso sobre la educación pública, uno de los pilares de la identidad y la igualdad de oportunidades en la Argentina.
