El Gobierno nacional ultima los detalles del Presupuesto 2027, el proyecto más importante del año para la administración de Javier Milei. El texto, que será girado al Congreso en los próximos días, contempla un dólar a $1.728, una inflación anual del 21,1% y un crecimiento del Producto Bruto Interno del 4%. Se trata de las variables centrales que ordenarán la política económica del próximo ejercicio, pero que también marcarán el ritmo de la discusión legislativa.
La iniciativa no llega en soledad: el oficialismo deberá construir acuerdos con bloques aliados y gobernadores para reunir los votos necesarios durante el tratamiento. Esa necesidad expone una debilidad parlamentaria que la Casa Rosada intenta disimular con gestos de control. Antes del envío, la mesa política del Gobierno se reunió en Casa Rosada para definir la estrategia, con la premisa de no dejar cabos sueltos.
El presupuesto no es un simple trámite administrativo. Es la herramienta que define las prioridades del Estado y, en este caso, las proyecciones que presentó el Gobierno marcan el rumbo de una economía que todavía no logra estabilizarse. La discusión en el Congreso será, además, una oportunidad para que las provincias planteen sus demandas frente a un Ejecutivo que históricamente ha concentrado las decisiones.
La negociación con las provincias es uno de los ejes centrales de la estrategia oficial. El Ejecutivo incorporó al proyecto distintas obras reclamadas por los gobernadores, una decisión que da cuenta del carácter transaccional de la política. No se trata de una concesión ideológica, sino de un intercambio concreto: a cambio de los votos necesarios para aprobar el presupuesto, el Gobierno se compromete a financiar proyectos provinciales que, en muchos casos, habían sido postergados.
Este mecanismo no es nuevo, pero adquiere relevancia en un contexto de negociación donde cada obra incorporada tiene un valor político. La incorporación de obras reclamadas por los gobernadores puede leerse como un intento de recomponer puentes, aunque también como una muestra de que la administración libertaria necesita de los mandatarios provinciales para sostener su agenda.
En el plano técnico, la defensa del Presupuesto estará principalmente en manos de funcionarios del Ministerio de Economía, entre ellos Carlos Guberman. En principio, no está prevista la participación del ministro Luis Caputo durante el debate en comisión. La ausencia del titular del Palacio de Hacienda no pasa desapercibida en el recinto: se trata de la principal figura económica del Gobierno, y su falta de exposición en la discusión presupuestaria genera interrogantes sobre el compromiso con la defensa de las propias proyecciones.
Las variables económicas, por su parte, tienen un impacto directo en la vida cotidiana. Una inflación del 21,1% anual implica una desaceleración respecto de los niveles actuales, pero sigue siendo un número alto, que golpea especialmente a los sectores de menores ingresos. El dólar proyectado a $1.728, en tanto, supone un tipo de cambio que condiciona los precios de los alimentos, la energía y los bienes de consumo masivo. La proyección de crecimiento del 4% aparece como un dato alentador, pero contrasta con el contexto de ajuste que el propio Gobierno impulsa.
El Presupuesto 2027 recién comienza su recorrido legislativo. El oficialismo sabe que sin los gobernadores no hay números, y que cada obra incorporada al proyecto tiene un costo político. La incógnita es qué precio pagarán los sectores populares en un debate donde las variables macroeconómicas se discuten lejos de las urnas, pero cuyos efectos se sienten directamente en el bolsillo de la gente.