La educación pública argentina atraviesa un momento de máxima preocupación a partir de los resultados de la prueba PISA 2025. Con 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias, el país alcanzó sus calificaciones más bajas desde que participa en esta evaluación internacional. La caída es significativa en comparación con la edición anterior: 11 puntos menos en Matemática, 12 en Lectura y 13 en Ciencias. Estos números configuran un escenario crítico que exige respuestas concretas e inmediatas por parte del Estado.
El aspecto más alarmante surge del análisis de los niveles mínimos de conocimientos. En Matemática, el 76% de los estudiantes argentinos no alcanzó el nivel básico requerido, mientras que en Lectura y Ciencias el porcentaje es del 59%. Esto significa que la mayoría de los jóvenes de 15 años no logra resolver problemas sencillos ni comprender textos de mediana complejidad, una situación que compromete su desarrollo académico y su inserción futura en el mundo laboral. El contraste con el promedio de la OCDE es contundente: en esos países, apenas el 19,7% de los alumnos se ubica por debajo del umbral mínimo. La brecha no solo es enorme, sino que además se ha ampliado en los últimos años.
En el plano regional, la Argentina se posiciona en el octavo lugar entre los 13 países latinoamericanos que formaron parte de la prueba. Queda detrás de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia. Peor aún: es el país que registró la mayor caída en Matemática en toda la región, un dato que enciende alertas sobre la trayectoria del sistema educativo nacional. Este retroceso no es un fenómeno aislado, sino que parece responder a un proceso de deterioro sostenido que no encuentra reversión.
La evaluación, coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), incluyó a 11.093 estudiantes argentinos de 412 escuelas, una muestra representativa de los 609.100 jóvenes de 15 años que se estima están dentro del sistema educativo. Detrás de cada cifra hay un proyecto de vida que se ve limitado: cada punto perdido implica más dificultades para acceder a conocimientos clave, para continuar estudios superiores y para participar plenamente en una sociedad cada vez más exigente.
Este nuevo récord negativo debería funcionar como un punto de inflexión. No alcanza con lamentar los números; se necesita una política educativa integral que garantice la inversión en infraestructura escolar, la formación docente y el acceso equitativo a recursos pedagógicos. La educación es un derecho fundamental y una herramienta central para la movilidad social. Si el país no logra revertir esta tendencia, las consecuencias se proyectarán sobre las próximas décadas y profundizarán las desigualdades existentes.
Las autoridades tienen la responsabilidad ineludible de escuchar el mensaje que envían estos resultados. No es un tema partidario, es una deuda con las nuevas generaciones. La sociedad argentina merece respuestas serias y sostenidas, con un Estado presente que ponga la educación en el centro de las prioridades nacionales. El futuro se decide en las aulas, y hoy las aulas están dando señales de un abandono que nadie debería ignorar.


