El Gobierno de Javier Milei presentó en el Senado un proyecto de reforma integral de la Ley General de Sociedades N° 19.550, vigente desde 1972, con el objetivo de actualizar un régimen que considera desfasado frente a las nuevas formas de hacer negocios. La iniciativa fue trabajada por equipos del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría Legal y Técnica.
El proyecto se estructura sobre cinco ejes: mayor autonomía para los socios, simplificación y digitalización de los registros, modernización de los tipos societarios, fortalecimiento de la responsabilidad de los administradores y actualización tecnológica. Entre otros cambios, propone que las sociedades puedan constituirse íntegramente de manera digital, crear un legajo público electrónico para cada empresa, implementar un Registro Nacional de Sociedades y digitalizar los libros societarios y contables. También contempla modificaciones para las SRL, las sociedades anónimas cerradas y las SAS.
Uno de los puntos más novedosos es la incorporación de las Sociedades Automatizadas y las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO). Las primeras podrían desarrollar su actividad mediante sistemas algorítmicos o agentes de inteligencia artificial, mientras que las DAO funcionan a partir de reglas programadas, contratos inteligentes y tecnologías como blockchain. De esta manera, la reforma busca brindar reconocimiento jurídico a estructuras empresariales cuyo funcionamiento puede tener un alto grado de automatización.
Este punto abrió uno de los principales debates: quién responde cuando una empresa funciona mediante algoritmos o inteligencia artificial. El Gobierno sostiene que la modernización tecnológica no elimina las responsabilidades y asegura que el proyecto mantiene los regímenes de responsabilidad civil y penal. Además, plantea que contar con una legislación adaptada a estos modelos permitiría atraer inversiones y compañías vinculadas con la economía digital. Sin embargo, especialistas advierten sobre la necesidad de precisar los controles y las responsabilidades frente a terceros en estos nuevos esquemas, un punto que el proyecto deja en un terreno difuso y que genera incertidumbre sobre la protección de los derechos de trabajadores y consumidores.
La reforma llega en un contexto donde el gobierno nacional prioriza la desregulación de la economía, pero sin una discusión profunda sobre las salvaguardas necesarias para evitar que la automatización derive en vacíos legales. La experiencia internacional muestra que este tipo de legislación requiere protocolos claros de supervisión, algo que esta iniciativa no detalla con precisión. Mientras tanto, las cámaras empresarias del sector tecnológico celebran la medida, pero los colectivos de defensa del consumidor y el derecho laboral piden que se expliciten los mecanismos de rendición de cuentas.
Otro punto que ha generado resquemor es la digitalización total de los registros y libros societarios. Si bien implica una modernización necesaria, también plantea interrogantes sobre el acceso público a la información y la transparencia en la gestión de datos sensibles de las empresas. La ley vigente, aunque antigua, había sido reformada en 2015 para incorporar las SAS, y esta nueva propuesta parece avanzar en la dirección correcta en términos de agilidad burocrática, pero deja cabos sueltos en materia de fiscalización.
En definitiva, el proyecto expone la tensión entre innovación y regulación: mientras el Ejecutivo vende la reforma como un salto al futuro de los negocios, las voces críticas señalan que no puede haber modernidad sin controles adecuados. La discusión en el Senado deberá zanjar estas diferencias para que la ley no se convierta en un cheque en blanco para las corporaciones en detrimento de los derechos de las y los ciudadanos.
