El gobierno de Javier Milei movió una nueva pieza de su tablero económico. A través del Decreto 748/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo amplió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al sector ferroviario, con la promesa de agilizar proyectos de renovación y desarrollo de la infraestructura. La medida, que ya entró en vigencia, se da en un contexto donde la red de trenes sufre décadas de abandono y las tareas esenciales de mantenimiento quedaron explícitamente fuera de los beneficios.
Según la nueva reglamentación, se considerará "construcción" tanto la ejecución de infraestructura ferroviaria nueva como la renovación, sustitución, transformación o desarrollo de instalaciones existentes. Entre las obras alcanzadas figuran nuevas trazas, duplicación y renovación de vías, rehabilitación de ramales fuera de servicio y renovación integral de puentes y alcantarillas. También podrán acceder a los beneficios del régimen las inversiones en sistemas de señalamiento, telecomunicaciones y energía, electrificación de trazas, protección de pasos a nivel y cruces a distinto nivel.
En materia de transporte de cargas, se incorporan nodos logísticos, puertos secos, centros de transferencia de cargas y playas de maniobra y clasificación. Sin embargo, quedan excluidas las tareas de mantenimiento y conservación que no impliquen mejoras sustanciales, un punto que desde el sector ferroviario consideran crucial para garantizar la operatividad diaria de los servicios.
Para que una inversión sobre infraestructura existente sea considerada ampliación de un proyecto, la normativa exige un aumento verificable de la capacidad de transporte. Ese incremento deberá medirse de manera cuantitativa mediante parámetros técnicos que comparen la situación previa con la capacidad resultante luego de las obras, un requisito que busca dar precisión pero que también impone un estándar difícil de cumplir en una red tan degradada.
La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo. El Poder Ejecutivo asegura que el objetivo es brindar "mayor precisión y previsibilidad" a las grandes inversiones destinadas a modernizar una red afectada por "décadas de deterioro y desgaste", según reza el propio decreto. Pero la letra fina del RIGI, con sus beneficios impositivos y facilidades para los grandes capitales, levanta dudas sobre si estas inversiones llegarán a los pasajeros o se quedarán en los balances de las corporaciones. La historia reciente del ferrocarril en Argentina muestra que las promesas de inversión no siempre se traducen en mejoras concretas, y la exclusión del mantenimiento básico es un indicio más de que el ajuste sigue pesando sobre los usuarios.
