Más de 150 buques permanecen detenidos sin poder ingresar o salir de los puertos argentinos como consecuencia de un cese de actividades por tiempo indeterminado de prácticos, pilotos y baqueanos. La medida paralizó prácticamente el sistema portuario y afecta el movimiento de exportaciones, combustibles y otras cargas.
La protesta se inició en rechazo al Decreto 690/2026, impulsado por el Gobierno nacional para desregular el servicio de practicaje y pilotaje. La norma modificó parte de las regulaciones vigentes, con el objetivo declarado de fomentar la competencia y reducir los costos logísticos del transporte marítimo.
El impacto del conflicto alcanza de manera directa al comercio exterior. La interrupción de las tareas impide las operaciones de carga y descarga de granos, combustibles y otras mercaderías en los principales puertos del país.
También quedaron afectadas terminales consideradas estratégicas para la distribución de combustibles y actividades vinculadas al desarrollo energético. Entre ellas se encuentran las relacionadas con el proyecto Vaca Muerta Oil Sur, mencionado entre los sectores alcanzados por la paralización.
Desde el Gobierno sostienen que los cambios establecidos por el decreto permitirán mejorar la eficiencia del sistema portuario. La iniciativa oficial busca modificar el esquema vigente en el servicio de practicaje y pilotaje y plantea una reducción de los costos logísticos del transporte marítimo como uno de sus objetivos.
El sector de los prácticos, en cambio, cuestiona el alcance de la reforma. Sus representantes consideran que la medida pone en riesgo la seguridad de la navegación y las condiciones de trabajo.
La diferencia de posiciones mantiene trabada la actividad en los puertos. Mientras el Gobierno defiende la desregulación como una herramienta para fomentar la competencia, los trabajadores reclaman que se preserve el marco regulatorio vigente en aspectos que consideran vinculados con la seguridad y el trabajo.
Frente a la magnitud del conflicto y a la cantidad de buques detenidos, representantes del Gobierno comenzaron a contactarse con autoridades del sector para intentar abrir una instancia de negociación. El acercamiento, sin embargo, todavía no permitió destrabar la situación.
Los trabajadores condicionaron cualquier diálogo a la suspensión o derogación del Decreto 690/2026. Ese reclamo constituye el punto central de la protesta y mantiene distante la posibilidad de un acuerdo inmediato.
Por ese motivo, el cese de actividades continúa por tiempo indeterminado y la actividad permanece paralizada en los principales puertos argentinos. La disputa por la desregulación del practicaje y el pilotaje sigue teniendo consecuencias sobre las operaciones de carga y descarga, el movimiento de exportaciones, la distribución de combustibles y otras mercaderías.
Así, el conflicto portuario permanece abierto mientras se desarrollan los contactos entre el Gobierno y las autoridades del sector. La continuidad de la medida mantiene detenidos a más de 150 buques y prolonga las dificultades para el funcionamiento normal del sistema portuario.
