Reino Unido respondió este viernes al reclamo por las Islas Malvinas realizado por Javier Milei durante su cadena nacional y rechazó el nuevo planteo de soberanía. El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, sostuvo que las islas “son británicas” porque sus habitantes “eligen ser británicos” y cuestionó el mensaje del mandatario argentino.
En la misma línea, el canciller Ed Miliband afirmó que la posición británica es “inquebrantable” y defendió el principio de autodeterminación de los isleños. El gobierno británico aseguró que su compromiso con las islas es “absoluto e inquebrantable” y volvió a respaldarse en el referéndum realizado en 2013, cuando el 99,8% de los votantes eligió continuar como territorio británico de ultramar.
La respuesta llegó después de que Milei asegurara que existen “vientos de cambio favorables” al reclamo argentino. El Presidente también anunció que endurecerá las sanciones contra empresas vinculadas con operaciones no autorizadas en las islas, especialmente ante el avance de proyectos petroleros como Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago.
Durante su discurso, Milei rechazó además el argumento británico sobre la autodeterminación al considerar que los habitantes de las islas constituyen una “población implantada en un territorio usurpado”. La disputa por la soberanía permanece dentro de la agenda de Naciones Unidas, que desde 1965 insta a la Argentina y al Reino Unido a encontrar una solución negociada al conflicto.
La postura del gobierno nacional contrasta con la histórica política de Estado que impulsó la Argentina en todos los foros internacionales. Mientras los anuncios de Milei se quedaron en declaraciones, el Reino Unido ratificó su posición sin fisuras, dejando en evidencia la falta de una estrategia concreta más allá de la retórica.
Desde la oposición y distintos sectores políticos se recordó que la causa Malvinas es transversal y no admite improvisación. El reclamo argentino tiene sustento en resoluciones de la ONU que reconocen la disputa de soberanía, pero la administración actual no logró traducir sus anuncios en avances diplomáticos.
El tema vuelve a poner en agenda la necesidad de una política exterior coherente que priorice el diálogo y la negociación, tal como lo han planteado históricamente los gobiernos que defendieron los intereses nacionales en el Atlántico Sur.


