La Cámara Contencioso Administrativa de La Plata confirmó una medida cautelar que preserva las condiciones del servicio de agua y cloacas en 26 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La resolución, que llega en medio del proceso de privatización de AySA impulsado por el Gobierno nacional, no anula ni detiene por completo esa transferencia, pero impone un límite concreto al avance del plan oficial.
El fallo de la Sala II del tribunal impide que AySA modifique, reduzca, limite, suspenda o altere sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente y la prestación adecuada del servicio. Esa protección seguirá vigente mientras la Justicia resuelve el fondo del planteo presentado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, que cuestiona cláusulas del contrato de concesión aprobado en mayo.
En paralelo, la Cámara decidió que la causa continúe en el fuero federal, al considerar que la controversia exige interpretar normas nacionales y que la empresa mantiene una participación estatal mayoritaria. La decisión sobre el fuero es clave, porque define que la disputa se resolverá en el ámbito nacional, donde se interpretan las leyes que regulan el servicio y la concesión. El juzgado federal que intervendrá todavía debe sortearse en la Cámara Federal de La Plata, un paso procesal que definirá el próximo tramo de la disputa judicial.
La Defensoría del Pueblo bonaerense fue la que impulsó el reclamo contra el procedimiento para transferir al sector privado el 90% de las acciones de AySA. En su presentación, el organismo cuestionó cláusulas del contrato de concesión aprobado en mayo, que están en el centro de la controversia judicial.
El Gobierno nacional, por su parte, extendió hasta el 15 de septiembre el plazo para recibir propuestas en el marco del proceso de transferencia de las acciones. Esa decisión muestra que el plan privatizador sigue en marcha, aunque ahora con la restricción impuesta por la cautelar: el eventual nuevo operador no podrá modificar las obligaciones esenciales del servicio mientras dure la medida.
Para los usuarios del AMBA, el efecto inmediato de la cautelar es que el prestador no podrá rebajar los estándares vigentes mientras dure la medida. La decisión no congela tarifas, no define quién administrará la compañía ni resuelve por ahora si el nuevo contrato es válido en su totalidad. Aun así, el fallo representa un resguardo concreto para el derecho al acceso al agua potable y a un servicio esencial para la vida cotidiana de millones de personas.
La protección judicial reafirma un principio elemental: mientras se discute el fondo de la cuestión, no se pueden alterar las condiciones actuales de un servicio público esencial. En un contexto de avance privatizador sobre empresas estatales, la decisión de la Cámara de La Plata se convierte en un antecedente importante para la defensa de los derechos de los usuarios y del patrimonio público.


