La cantidad de personas o parejas inscriptas para adoptar en Argentina cayó un 80% en menos de una década. Según datos de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA), hoy hay 1.107 registradas y habilitadas, mientras que en 2017 eran unas 5.500. Especialistas atribuyen la baja a factores económicos, sociales y culturales, además de una depuración del registro que se hizo a partir de ese año.
La situación golpea con más fuerza a los niños de mayor edad y a los adolescentes. Los datos disponibles muestran que muchos chicos pueden esperar entre cinco y seis años en hogares antes de conseguir una familia. El último relevamiento nacional, hecho en 2020, contabilizó 9.154 niños y adolescentes viviendo en hogares o familias de abrigo; de ellos, 2.199 tenían declarada su situación de adoptabilidad.
Uno de los principales problemas es la distancia entre lo que buscan los aspirantes y el perfil de los chicos que esperan. El 81% de las personas o parejas inscriptas se postula para niños menores de tres años, pero apenas el 2% acepta mayores de 10. Además, el 74% no contempla adoptar grupos de hermanos y solo el 1,6% está dispuesto a recibir a un chico con discapacidad.
El derecho a la familia es un derecho humano fundamental consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación argentina. Sin embargo, la caída en la cantidad de familias dispuestas a adoptar revela un profundo debilitamiento del tejido social, agravado por la crisis económica que atraviesan las familias argentinas. Mientras los salarios pierden poder adquisitivo y el costo de vida se dispara, muchos proyectos de adopción quedan postergados o directamente abandonados.
Desde organizaciones especializadas advirtieron que esta limitada disponibilidad reduce fuerte las posibilidades de quienes llegan a la adolescencia y señalaron que muchos jóvenes terminan dejando el sistema al cumplir los 18 años. Entre las razones de la caída de aspirantes aparecen las dificultades económicas, cambios en los proyectos de vida y un mayor acceso a tratamientos de reproducción asistida. Es precisamente en contextos de crisis social y ajuste cuando el Estado debe redoblar sus esfuerzos para garantizar derechos básicos como el de vivir en familia.
Frente a este escenario, especialistas reclamaron más campañas públicas de información y sensibilización para derribar mitos sobre los tiempos y costos de la adopción. Desde el DNRUA indicaron que trabajan con organismos nacionales en nuevas políticas y propusieron sumar en Mi Argentina una herramienta sencilla de preinscripción para facilitar el primer acercamiento de potenciales adoptantes al sistema. La medida es un primer paso, pero resulta insuficiente si no se acompaña con políticas activas de promoción de la adopción, especialmente para los adolescentes y grupos de hermanos. La adopción no es un hecho aislado: requiere de condiciones materiales y sociales que hoy se ven amenazadas. La falta de empleo estable y la precarización laboral impactan directamente en la decisión de ampliar una familia. Por eso, las políticas de reactivación económica y de protección social son también políticas de infancia.
