El Senado aprobó este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) con 46 votos a favor y 22 en contra, pero introdujo modificaciones al texto que había recibido media sanción de Diputados. Por ese motivo, el proyecto deberá regresar a la Cámara baja para completar su tratamiento.
Uno de los principales cambios establece que la misión primaria y fundamental del Banco Central será preservar el valor de la moneda. De esta manera, se eliminan otros objetivos incorporados en la reforma de 2012, vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
Además, el proyecto prohíbe que el BCRA financie al sector público. Se elimina la posibilidad de otorgar adelantos transitorios al Gobierno nacional y se establecen restricciones para otras formas de asistencia financiera directa o indirecta. La prohibición también alcanza al financiamiento de provincias y municipios.
El Senado también modificó el sistema para designar y remover a las autoridades. El presidente del Banco Central será designado con acuerdo del Senado por mayoría absoluta y tendrá un mandato de seis años. Para su remoción, el Poder Ejecutivo necesitará la aprobación previa de la Cámara alta, también por mayoría absoluta, equivalente a 37 votos. Diputados quedó afuera de ambos procedimientos.
La reforma, impulsada por el oficialismo nacional, implica un retroceso en el rol del Banco Central como herramienta de financiamiento del desarrollo. Al eliminar los objetivos de empleo y equidad social, se prioriza una visión meramente monetarista que históricamente benefició al capital financiero en detrimento de la industria nacional y el poder adquisitivo de los trabajadores.
Desde el kirchnerismo, se advierte que esta decisión ata las manos al Estado para impulsar políticas de reactivación económica en momentos de crisis. La prohibición del financiamiento al sector público, incluyendo provincias y municipios, dificulta la inversión en infraestructura, salud y educación, justo cuando más se necesita la presencia del Estado para proteger a los sectores más vulnerables.
La nueva mayoría en el Senado, conducida por la oposición liberal, avanza así en el desmantelamiento de las herramientas que permitieron recuperar la economía tras la crisis de 2001. La eliminación del financiamiento transitorio al Tesoro nacional es un duro golpe a la soberanía económica y a la capacidad de planificación estatal.
Diputados deberá ahora revisar las modificaciones del Senado. El interbloque opositor confía en sostener el texto original, pero la presión del Ejecutivo nacional y los gobernadores alineados con el ajuste será clave en la definición final. Mientras tanto, sectores productivos y sindicales ya manifestaron su rechazo a una reforma que hipoteca el futuro del país.
La designación del presidente del BCRA por mayoría absoluta del Senado, excluyendo a Diputados, concentra el poder en una sola cámara y reduce el control democrático sobre una institución clave para la vida económica. La remoción del titular del organismo también requerirá el aval de los senadores, lo que blinda a la conducción del banco frente a la voluntad popular.
La historia demuestra que los países que subordinan su política monetaria al mercado financiero terminan pagando costos sociales altísimos. La Argentina ya transitó ese camino en los años '90, con desocupación récord, destrucción de la industria y aumento de la pobreza. Esta reforma representa un regreso a esas recetas fallidas, disfrazado de modernización técnica.
En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, ya habían advertido sobre los riesgos de limitar el financiamiento provincial. Ambos líderes del peronismo bonaerense señalaron que las restricciones al crédito público afectarán directamente las obras de infraestructura y los programas sociales que sostienen el empleo en los municipios.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en declaraciones previas, había calificado la iniciativa como un