El oficialismo modificó el proyecto Inocencia Fiscal destinado a incorporar ahorros no declarados al sistema financiero. La nueva versión establece que los funcionarios podrán ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias, pero quedarán excluidos del beneficio para exteriorizar dólares. La medida llega después de las fuertes objeciones planteadas por los bloques opositores en la comisión, que advirtieron sobre el riesgo de que integrantes del Estado regularicen fondos de origen no justificado.
La iniciativa consiguió dictamen y ahora deberá ser tratada en el recinto antes de avanzar hacia su sanción. El proyecto busca brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que utilicen ahorros sin respaldo documental, pero la exclusión de los funcionarios apunta a impedir que quienes ocupan cargos públicos se beneficien de un mecanismo pensado para evasores. Hasta que el Congreso apruebe la reforma, continúan vigentes las reglas actuales.
La oposición, con el kirchnerismo a la cabeza, celebró la corrección pero señaló que el espíritu del proyecto sigue siendo blanquear capitales no declarados con condiciones laxas. Además, la reforma propone reducir la información patrimonial requerida dentro del Régimen Simplificado de Ganancias y limitar futuras investigaciones sobre consumos compatibles con los ingresos declarados, un punto que genera suspicacias por su impacto en el control fiscal.
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como una herramienta para regularizar la economía y ampliar la base de contribuyentes, pero la exclusión de los funcionarios es un reconocimiento implícito de que el mecanismo podía ser utilizado para blindar patrimonios no justificados. La discusión en el recinto se anticipa tensa, con la oposición exigiendo mayores controles y transparencia en la letra final.
