El bloque regional aprobó nuevas exigencias de información y atención para los sitios de comercio electrónico vinculados con dominios de sus países. La medida, formalizada en la Resolución GMC 31/26, también habilita a que una autoridad pueda solicitar la baja de la conexión de un dominio ante incumplimientos.
Se trata de un paso adelante en la defensa de los consumidores que compran por internet, un canal que no deja de crecer y que muchas veces presenta dificultades a la hora de reclamar. Con esta normativa, el Mercosur establece reglas comunes para que los sitios de venta online brinden información clara y accesible.
La Resolución GMC 31/26 establece que los operadores deberán informar con claridad las normas de protección al consumidor y de datos personales aplicables. También tendrán que exhibir domicilios físico y electrónico dentro del Estado correspondiente y detallar los mecanismos disponibles para consultas, reclamos y solución de controversias.
En concreto, los sitios deberán especificar:
- Las autorizaciones necesarias para desarrollar la actividad.
- Las condiciones aplicables al procesamiento de pagos electrónicos transfronterizos.
- Los canales disponibles para consultas y reclamos.
- Las normas de protección al consumidor y de datos personales que les resultan aplicables.
El objetivo es facilitar la identificación del vendedor y ofrecer vías de respuesta cuando una compra atraviesa las fronteras del Mercosur. Así, un consumidor que realice una compra a un sitio de otro país del bloque sabrá a quién recurrir y con qué reglas se lo protege.
Las infracciones quedarán sujetas a las sanciones de cada país. La pérdida de conexión del nombre de dominio no será automática: para que ocurra, deberá existir un requerimiento de una autoridad administrativa o judicial competente. Es decir, no alcanza con una denuncia para que un sitio sea dado de baja, sino que debe intervenir un organismo con facultades para ello.
Para los compradores, la resolución mejora la información exigible, pero no elimina la necesidad de comprobar la identidad del comercio, el precio final, el plazo de entrega y las condiciones de cambio. Tampoco convierte en seguro cualquier sitio que utilice un dominio nacional ni reemplaza los canales oficiales de defensa del consumidor.
La decisión del Mercosur refuerza la integración regional en un área sensible para la ciudadanía y pone el foco en los derechos de las personas que compran online, en un contexto donde el comercio electrónico sigue expandiéndose.


