El INPI estableció plazos más claros y automatizó parte del procedimiento para el registro de marcas, un paso clave para fortalecer la industria nacional y el empleo. Los cambios alcanzan a las solicitudes nuevas ingresadas desde el 1° de marzo.
La Resolución INPI P-297/2026 modificó el trámite administrativo utilizado para resolver conflictos entre titulares de marcas. El nuevo régimen concentra la presentación de pruebas y elimina la etapa probatoria separada, lo que recorta tiempos y costos para quienes buscan proteger su identidad comercial.
La normativa también incorpora una instancia voluntaria para presentar argumentos finales. Las partes podrán informar, además, si comenzaron procesos de mediación, conciliación u otros mecanismos alternativos para resolver la controversia, fomentando salidas dialogadas en lugar de largos litigios.
La simplificación puede reducir demoras y costos para empresas, comercios y emprendimientos que buscan proteger su identidad comercial. En un contexto donde el aparato productivo necesita respaldo estatal, esta medida del INPI representa una gestión concreta para desburocratizar y dar previsibilidad a los actores económicos.
Las solicitudes presentadas antes del 1° de marzo continuarán bajo las reglas vigentes al momento de su inicio, garantizando seguridad jurídica a quienes ya iniciaron su trámite.
Desde el diario, valoramos que el Estado nacional avance en modernizar sus organismos para facilitar el desarrollo productivo. Estas herramientas son fundamentales para que las pymes y emprendedores puedan competir en igualdad de condiciones, sin trabas administrativas que frenen la inversión y el empleo. La agilización en el registro de marcas es un ejemplo de cómo la gestión pública puede ponerse al servicio de la economía real.
