El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, dio a conocer la convocatoria a empresas para la construcción y operación de la obra AMBA I. Se trata de un proyecto estratégico destinado a ampliar la capacidad del sistema eléctrico en el área metropolitana de Buenos Aires y reducir el riesgo de interrupciones en el servicio. La obra, que forma parte de una política de inversión en infraestructura energética, busca asegurar el suministro para millones de usuarios y acompañar el crecimiento de la demanda, tanto residencial como industrial. El área metropolitana de Buenos Aires es el principal polo económico del país, por lo que garantizar su abastecimiento energético es una prioridad nacional.
La iniciativa contempla la instalación de 270 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión y la construcción de una estación transformadora en Plomer, en la provincia de Buenos Aires. Estos elementos permitirán evacuar la energía generada en distintas centrales y distribuirla de manera eficiente hacia los centros de consumo. La inversión estimada alcanza los USD 800 millones, que se ejecutará mediante un esquema de concesión privada, lo que implica que una empresa del sector privado será seleccionada a través de un proceso competitivo para llevar adelante los trabajos y operar la infraestructura durante un período determinado, bajo la supervisión del Estado.
De acuerdo con la Secretaría de Energía, la obra permitirá incorporar aproximadamente 2.000 megavatios de capacidad adicional en la región. Esta cifra es relevante porque el área metropolitana concentra cerca del 40% de la demanda eléctrica del país, lo que la convierte en una zona crítica para el suministro. En la actualidad, la red presenta restricciones y cuellos de botella que, en épocas de alto consumo, generan cortes de energía. La ampliación contribuirá a aliviar estas limitaciones, mejorando la confiabilidad del sistema y reduciendo la probabilidad de apagones.
En cuanto al cronograma, las primeras propuestas técnicas y financieras se abrirán en diciembre de 2026, mientras que la adjudicación está prevista para comienzos de 2027. El contrato establecerá un plazo máximo de 52 meses para completar los trabajos, lo que permitirá contar con la nueva infraestructura en un horizonte de aproximadamente cuatro años desde la firma. Este plazo es adecuado para este tipo de obras, y otorga previsibilidad tanto a las empresas participantes como a los usuarios finales.
La concreción de esta obra representa un avance significativo para garantizar un suministro eléctrico estable y de calidad, condición indispensable para el desarrollo industrial y productivo de la región. Un sistema eléctrico moderno es clave para la radicación de nuevas inversiones, el funcionamiento de las pymes y la prestación de servicios públicos esenciales como la salud y la educación. Por lo tanto, la obra AMBA I se inscribe en un conjunto de políticas destinadas a fortalecer la infraestructura nacional y mejorar la calidad de vida de la población. La obra generará además un efecto positivo en la cadena de valor de la construcción, con la participación de empresas y proveedores locales, y la creación de puestos de trabajo directos e indirectos durante las etapas de obra y operación.
En definitiva, esta licitación demuestra la importancia de la planificación estatal en un sector tan estratégico como la energía. La ampliación de la red eléctrica no solo atiende necesidades actuales, sino que prepara el terreno para el crecimiento futuro, con una visión de largo plazo que prioriza el interés público por sobre los beneficios inmediatos de los sectores especulativos. El Gobierno entiende que la energía es un derecho y no una mercancía, por lo que la inversión pública en infraestructura es fundamental para garantizar el acceso a todos los sectores de la sociedad. La obra AMBA I es un ejemplo de cómo el Estado puede articular con el sector privado para lograr objetivos comunes en beneficio de la mayoría.
