El salario mínimo para los trabajadores mensualizados con jornada completa quedó establecido en $383.800 desde el 1° de septiembre, según la resolución del Gobierno nacional que fijó los nuevos valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). La definición llegó después de que las negociaciones en el Consejo del Salario terminaran sin acuerdo entre empresarios y sindicatos.
La Resolución 4/2026 establece una actualización mensual que se extenderá por ocho meses, hasta abril de 2027. La escala prevé que el piso salarial pase a $391.200 en octubre, $398.800 en noviembre y $406.400 en diciembre. El año próximo, los valores serán de $414.200 en enero, $422.000 en febrero, $429.600 en marzo y $437.000 en abril. Las subas mensuales oscilan entre los $7.400 y los $7.800, según la escala difundida.
Para quienes trabajan por jornada o por hora, el valor mínimo de la hora quedó fijado en $1.919 para septiembre y aumentará de forma progresiva hasta alcanzar los $2.185 en abril de 2027. En el caso de jornadas reducidas o contratos de tiempo parcial, los montos deberán calcularse en forma proporcional. Así, un trabajador que cobre por hora tendrá un ingreso mínimo de referencia que irá subiendo mes a mes hasta completar el período estipulado por la resolución.
La nueva escala también repercute en la prestación por desempleo, que no podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigente ni superar el 100% del mismo. De esta manera, el SMVM funciona como referencia para otros ingresos y transferencias, lo que amplifica el impacto de la decisión del Ejecutivo sobre el conjunto de los trabajadores y los sectores más vulnerables. Quienes cobran el seguro de desempleo, por ejemplo, verán ajustado su beneficio de acuerdo con estos nuevos montos, lo que convierte a la resolución en un parámetro directo para miles de personas que perdieron su trabajo.
El Ejecutivo nacional resolvió el esquema de aumentos tras el fracaso de las negociaciones entre las centrales sindicales y las cámaras empresarias en el ámbito del Consejo del Salario. La falta de acuerdo en ese espacio tripartito deja en manos del Gobierno nacional la definición de un piso salarial clave para la economía de los hogares. En la práctica, la resolución implica que el Estado nacional asume el rol de árbitro y define los montos que percibirán los trabajadores que menos ganan, una responsabilidad que originalmente correspondía al diálogo entre las partes.
Con esta resolución, el Gobierno nacional avanza sin el respaldo de los gremios en un tema sensible para el bolsillo de los trabajadores. La nueva escala estará vigente desde septiembre y regirá hasta abril de 2027, con incrementos mensuales que buscan atenuar la pérdida de poder adquisitivo, aunque la decisión unilateral del Ejecutivo genera ruido en el movimiento obrero y deja en evidencia la falta de diálogo social en un tema central para la agenda laboral.


