El Gobierno impulsa la derogación del régimen que establece un precio uniforme para cada libro en todo el país, una medida que genera preocupación entre libreros, editoriales y escritores por su posible impacto en los comercios independientes.
La propuesta fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y forma parte de una iniciativa que también contempla eliminar el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. De este modo, el proyecto no solo modifica las reglas de comercialización de los libros, sino que también pone en discusión la continuidad de un fondo destinado al fomento de la lectura.
Actualmente, el precio de venta al público es fijado por la editorial o el importador y debe mantenerse en todo el territorio nacional. Ese esquema busca que un mismo título tenga el mismo valor, más allá del lugar donde sea adquirido, y establece un marco común para librerías, editoriales, importadores y lectores.
La legislación vigente permite descuentos limitados en ferias y rebajas especiales para compras públicas destinadas a la distribución gratuita. Esas excepciones conviven con el régimen general de precio uniforme y delimitan las situaciones en las que pueden aplicarse reducciones.
Según el Gobierno, eliminar esas restricciones aumentaría la competencia y permitiría acceder a algunos títulos a un precio menor. El argumento oficial pone el foco en la posibilidad de que determinados libros se comercialicen con descuentos más amplios que los permitidos actualmente.
Sin embargo, las principales entidades editoriales advierten que la apertura podría beneficiar especialmente a las grandes cadenas y a las plataformas. Según esa mirada, esos actores tendrían la posibilidad de concentrar las ventas mediante descuentos aplicados a los libros más populares, una dinámica que genera inquietud en el sector.
La preocupación alcanza de manera particular a los comercios independientes. Libreros, editoriales y escritores alertan por el posible impacto de la eliminación del precio uniforme y plantean dudas sobre las consecuencias que tendría la modificación para quienes participan de la actividad editorial fuera de las grandes cadenas y plataformas.
El debate también incluye el destino del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. La iniciativa del Ministerio de Desregulación propone eliminarlo junto con el régimen de precio uniforme, por lo que ambas medidas quedaron incorporadas en una misma discusión sobre las reglas y las herramientas públicas vinculadas con el sector.
Por ahora, la propuesta no fue convertida en ley. En consecuencia, el régimen actual continúa vigente y el precio de venta al público sigue siendo fijado por la editorial o el importador, con obligación de mantenerlo en todo el territorio nacional.
La iniciativa genera así una disputa entre el planteo oficial de ampliar la competencia y las advertencias de las entidades editoriales sobre una eventual concentración de las ventas. Mientras el proyecto no avance legislativamente, continúan las reglas actuales y se mantienen los límites para los descuentos, con las excepciones previstas para ferias y compras públicas destinadas a la distribución gratuita.
