La jornada de paro docente nacional quedó atravesada por una disputa entre los sindicatos y el Gobierno, mientras CTERA denunció presiones oficiales para desalentar la adhesión. La secretaria general del gremio, Sonia Alesso, aseguró que la protesta tuvo un alto nivel de acatamiento y afirmó que el país atraviesa “la menor inversión educativa en los últimos 30 años”.
El conflicto volvió a poner en el centro de la escena el reclamo de los trabajadores de la educación por la reapertura de la paritaria nacional. Para CTERA, la discusión debe incluir tanto las condiciones salariales como el nivel de inversión destinado al sistema educativo.
En paralelo, el Gobierno desplegó controles en las escuelas para relevar el nivel de adhesión a la medida de fuerza y cuestionó la convocatoria realizada por los gremios docentes. Los operativos oficiales buscaron reunir información sobre la cantidad de docentes que se presentaron a trabajar.
Alesso denunció una escalada de presión sobre los trabajadores de la educación y sostuvo que la administración nacional busca desalentar la participación en la huelga mediante mecanismos de seguimiento de la asistencia.
“El Gobierno presiona a los docentes de una forma que nunca habíamos visto”, afirmó este lunes en Gelatina.
La dirigente también cuestionó el impacto de los operativos oficiales sobre los derechos laborales. “Creemos que hay un atentado muy fuerte contra el derecho a la huelga y a la libertad sindical. Vamos a llevar adelante acciones legales a nivel nacional e internacional”, afirmó.
Desde el Gobierno avanzaron con relevamientos en los establecimientos educativos para conocer el alcance de la medida de fuerza y reunir información sobre la cantidad de docentes que se presentaron a trabajar. La implementación de estos controles se convirtió en uno de los principales puntos de tensión de la jornada.
La estrategia oficial busca diferenciar entre ausentismo, adhesión al paro y otras situaciones administrativas vinculadas con la asistencia del personal docente. Sin embargo, los sindicatos cuestionaron el mecanismo y advirtieron sobre sus posibles efectos entre quienes resolvieron participar de la protesta.
Los gremios señalaron que los controles pueden funcionar como una herramienta de intimidación hacia los docentes que deciden adherir a la medida de fuerza. En ese marco, CTERA vinculó los relevamientos con lo que definió como una política más amplia de “hostigamiento” contra la organización sindical.
La denuncia sindical se produjo durante una jornada en la que la organización buscó visibilizar sus reclamos frente a la política oficial. Alesso sostuvo que el acatamiento fue alto y cuestionó el rumbo de la inversión educativa, al tiempo que reclamó una instancia formal de negociación.
“El gobierno no quiere discutir mejoras salariales, ni inversión educativa”, sostuvo Alesso, quien reclamó la reapertura de la discusión paritaria nacional.
De este modo, la protesta quedó marcada por dos discusiones simultáneas: el alcance de la huelga y el modo en que el Gobierno releva la asistencia en las escuelas. Mientras la administración nacional reunió datos sobre la adhesión, CTERA anticipó que llevará sus cuestionamientos a la Justicia en los ámbitos nacional e internacional.
Para el gremio, el conflicto no se limita al seguimiento de la medida de fuerza, sino que también involucra el derecho a la huelga, la libertad sindical y la necesidad de discutir mejoras salariales e inversión educativa en la paritaria nacional.
