La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner formalizó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la que señala que la Causa Vialidad constituye una persecución política y una maniobra para proscribirla electoralmente, al vulnerar derechos fundamentales protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La presentación se realizó mediante una comunicación individual amparada en el Protocolo Facultativo de dicho Pacto, mecanismo que permite a las víctimas de violaciones de derechos humanos acudir a ese órgano internacional cuando la justicia de su país no ofrece respuestas efectivas. En ese marco, la exmandataria solicitó el dictado de medidas cautelares urgentes.
Entre los pedidos concretos se destacan la suspensión de la inhabilitación perpetua que le impide ejercer cargos públicos —lo que, según su defensa, configura una restricción indebida de sus derechos políticos— y la modificación de las condiciones en las que cumple prisión domiciliaria, por considerarlas incompatibles con las obligaciones asumidas por el Estado argentino en materia de trato humano y respeto a la dignidad.
El recurso plantea que el juicio por presuntas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz durante su gobierno fue llevado adelante con un objetivo de exclusión electoral. "El proceso tuvo como finalidad la proscripción electoral de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner; la condena perseguía impedir su candidatura en futuras elecciones", explicaron fuentes cercanas a la defensa. En la misma línea, subrayaron que "la inhabilitación perpetua constituye una restricción indebida de sus derechos políticos", por lo que reclaman que se deje sin efecto de manera inmediata.
Entre las garantías que la defensa considera vulneradas se encuentran el derecho a un tribunal imparcial, la presunción de inocencia y el derecho a la participación política, todos ellos consagrados en el Pacto Internacional que la Argentina ratificó y jerarquizó constitucionalmente. La denuncia internacional señala que la condena se construyó sobre prueba indiciaria y en un contexto de fuerte presión mediática y política, lo que habría viciado la imparcialidad del proceso.
El Comité de Derechos Humanos tiene la facultad de solicitar al Estado parte que adopte medidas provisionales para evitar daños irreparables mientras analiza el fondo del asunto. En caso de encontrar violaciones, sus dictámenes —aunque no tienen fuerza coercitiva— generan una obligación internacional de buena fe y suelen acarrear fuertes consecuencias diplomáticas y simbólicas, además de sentar jurisprudencia sobre el alcance de los derechos protegidos. Tal intervención colocaría al Estado argentino en la necesidad de revisar una sentencia que sectores del derecho y de la política califican como un caso de lawfare.
La expresidenta, que viene denunciando desde hace años la existencia de un plan sistemático de persecución judicial contra el espacio político que lidera, busca con esta presentación internacional no solo obtener justicia en su caso personal sino también visibilizar lo que considera una amenaza para la democracia: la utilización de la justicia como herramienta de exclusión de dirigentes populares. La expectativa ahora está puesta en la respuesta del Comité y en si las medidas cautelares serán otorgadas en las próximas semanas.
