Durante los primeros ocho meses del año se registraron 169 femicidios en la Argentina, según el último relevamiento del Observatorio de Femicidios “Adriana Maribel Zambrano”. El estudio también contabilizó 349 intentos de femicidio en distintas provincias, una cifra que evidencia la persistencia de la violencia de género en todo el país.
Como consecuencia de estos hechos, 203 hijas e hijos quedaron sin su madre. De ese total, el 57 por ciento son menores de edad, un dato que refleja el impacto directo de la violencia machista en las infancias y que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de políticas públicas integrales.
Otro de los datos que llama la atención en el informe es que apenas el 16 por ciento de las víctimas había realizado una denuncia previa por violencia de género. Ese porcentaje expone las barreras que todavía existen para acceder a la denuncia y a la protección, y contradice el relato oficial que minimiza la gravedad del problema.
Frente a este panorama, distintas organizaciones de la sociedad civil reclamaron el cumplimiento efectivo de las leyes vigentes para prevenir y abordar la violencia contra las mujeres, entre ellas la Ley 26.485, la Ley Micaela y la Ley Brisa. Las entidades también cuestionaron las declaraciones del presidente Javier Milei, que había afirmado que la violencia contra las mujeres está disminuyendo, y pidieron una mayor intervención estatal para prevenir los femicidios y garantizar mecanismos de protección y acceso a la Justicia para las víctimas.
Los datos del Observatorio, que releva casos en todo el territorio nacional, vuelven a poner en el centro del debate la urgencia de fortalecer el sistema de protección y las políticas de prevención que el Gobierno nacional viene desfinanciando. Mientras tanto, las organizaciones feministas y de derechos humanos insisten en que ninguna cifra puede ser leída como un éxito cuando cada femicidio es una tragedia evitable.


