La escalada de violencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) exige superar los diagnósticos policiales e integrar acciones de contención social, educación y empleo. Así lo planteó Miguel Saredi, secretario de Planificación Operativa de La Matanza, al reclamar una estrategia que ataque las causas profundas del delito.
En diálogo con Ignacio González Prieto por Radio Splendid, Saredi analizó el recrudecimiento de los hechos delictivos y señaló que entre sus detonantes se combinan el narcotráfico, el consumo problemático de drogas y alcohol, la circulación de armas y la desarticulación entre los diferentes niveles del Estado.
"La coordinación entre las fuerzas federales, las fuerzas de la Ciudad y las fuerzas provinciales es un tema capital", subrayó el funcionario municipal, que fue diputado nacional. Y aclaró que su planteo no tiene un sesgo partidario sino que responde a la urgencia de implementar políticas públicas conjuntas. "No se trata de echar culpas, sino de entender que la seguridad requiere una acción coordinada y urgente", afirmó.
El rol de los municipios
Saredi recordó que, aunque la seguridad es una responsabilidad primaria de las provincias y, en ciertos delitos, de la Nación, desde los años noventa los intendentes empezaron a involucrarse debido al reclamo directo de los vecinos. "Los ciudadanos empezaron a pedirles respuestas a sus intendentes, y los municipios comenzaron a destinar parte de sus presupuestos a políticas de seguridad", explicó.
En ese sentido, valoró las inversiones que muchas comunas realizaron en cámaras de videovigilancia, centros de monitoreo, patrullas municipales, tótems de seguridad, paradas seguras y guardias urbanas, pese a que esas funciones excedían sus competencias legales. "Se avanzó muchísimo en las llamadas políticas situacionales y ambientales", destacó.
"No hay que confundir prevención social con garantismo"
Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la diferencia entre prevención social del delito y garantismo. Saredi advirtió que el debate público confundió ambos conceptos y aclaró que son herramientas distintas. "La prevención social del crimen busca evitar que las personas lleguen al delito. Trabaja sobre las causas estructurales de la violencia y eso no tiene nada que ver con el garantismo", remarcó.
Para ello consideró imprescindible fortalecer la educación, el acceso al empleo, la asistencia a niños y adolescentes, el acompañamiento de familias vulnerables y la presencia estatal en los barrios. "Sin educación, sin oportunidades laborales, sin clubes, escuelas, capillas y programas destinados a los sectores más vulnerables, es muy difícil revertir la violencia", sentenció.
Coordinación entre Justicia y fuerzas de seguridad
Consultado sobre el rol de la Justicia, Saredi valoró el trabajo cotidiano de fiscales y funcionarios judiciales, pero alertó que la eficacia policial pierde fuerza sin un respaldo judicial adecuado. En ese marco, puso el foco en las restricciones presupuestarias que sufre la provincia de Buenos Aires, las cuales impactan en el poder adquisitivo del personal y en la operatividad de los órganos de seguridad y administración de justicia.
El desafío de las adicciones
Sobre el consumo problemático, Saredi resaltó la ausencia de dispositivos especializados, en particular comunidades terapéuticas cerradas para personas con adicciones que derivan en conductas violentas o delitos graves. "Hay jóvenes que necesitan tratamientos intensivos y establecimientos adecuados. Hoy prácticamente no existen comunidades terapéuticas cerradas para atender esos casos", denunció.
Asimismo, insistió en la necesidad de reforzar los servicios de salud mental, niñez, adolescencia, familia y asistencia social, a los que consideró cruciales para evitar la reincidencia y reducir la violencia.
Una violencia con múltiples causas
Al ser consultado por el aumento de la brutalidad en los hechos delictivos, Saredi señaló al narcotráfico como uno de los factores principales, pero no el único. Apuntó también a la pérdida de vínculos sociales, la falta de integración comunitaria y el impacto de la tecnología y las redes sociales en las conductas y percepciones sobre el delito.
En ese contexto, insistió en que la respuesta a la inseguridad no puede limitarse al accionar policial. "Si no abordamos las causas profundas de la violencia, será muy difícil revertir la situación", concluyó, y subrayó la necesidad de que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y las políticas sociales trabajen de manera conjunta.
La propuesta de Saredi se alinea con las miradas que reivindican un Estado presente y articulado, frente a las recetas de ajuste que debilitan las herramientas de contención social.


