En un contexto complejo que afecta a los municipios bonaerenses, el gobernador Axel Kicillof convocó a los 135 intendentes de la Provincia a una cumbre en La Plata para evaluar el impacto económico y fiscal del ajuste implementado a nivel nacional. La reunión tendrá lugar el jueves 26 de marzo a las 15:30 en el Salón Dorado de la Gobernación.
La convocatoria incluye tanto a mandatarios oficialistas como opositores, con foco en las consecuencias que provoca la política económica del Gobierno de Javier Milei sobre el sistema productivo y financiero de la Provincia de Buenos Aires y sus municipios. Aunque aún no está confirmada la presencia de algunos jefes comunales como Salvador Serenal, se espera la participación mayoritaria de los alcaldes bonaerenses.
El encuentro busca trazar un diagnóstico conjunto ante la asfixia financiera que sufren los municipios, agravada por el impacto en la coparticipación que llega desde la Nación. Intendentes ya han expresado su preocupación por la falta de fondos y la consecuente dificultad para sostener servicios y obras.
Desde el Gobierno provincial se denunció que la Nación adeuda más de $22 billones por fondos coparticipables y la suspensión de obras públicas financiadas, medidas atribuidas a la gestión económica libertaria orientada a reducir el gasto público. Este cuadro complejo afecta directamente la capacidad de los municipios para mantener la actividad productiva y el empleo en el territorio.
Durante la cumbre, Kicillof estará acompañado por su gabinete, con la participación destacada del ministro de Economía, Pablo López, y del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. Ambos expondrán sobre la situación financiera y sus efectos sobre las economías locales.
El litigio entre Provincia y Nación adquirió un nuevo capítulo la semana pasada con una audiencia en la Corte Suprema en el marco de la causa por la suspensión de transferencias de la ANSES. La deuda que reclama Buenos Aires por este concepto supera los $2,2 billones, sumándose a un reclamo que incluye:
- $8,7 billones por obras públicas comprometidas y paralizadas.
- $3,8 billones vinculados a deudas por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (Fofofi), transferencias previsionales y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).
- $3,1 billones por la interrupción de programas nacionales.
- $4,3 billones por la reducción en la coparticipación federal.
- $2,3 billones debido a la pérdida de recaudación originada por el plan económico nacional.
Los intendentes y el Gobierno provincial buscarán consolidar una estrategia común para plantear una respuesta ante estas dificultades y reclamar los recursos que permitan ordenar la situación fiscal y sostener la gestión municipal y provincial con equidad y compromiso social.
