Desde este lunes 16 y hasta el sábado 21 de marzo, las universidades públicas y colegios preuniversitarios atraviesan una semana de paro y protestas convocadas por gremios docentes y no docentes.
Esta medida se origina en la denuncia de una pérdida salarial de casi el 40% en el último bienio bajo la gestión de Javier Milei, según alertan las asociaciones sindicales. Reclaman, además, la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 y la urgente convocatoria a paritarias con ajustes automáticos.
El conflicto afecta a más de dos millones de estudiantes en universidades estatales y forma parte de una problemática que persiste desde comienzos de 2024, generando un impacto significativo en la continuidad educativa.
Los datos oficiales del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía reflejan una reducción del 28,9% en términos reales del presupuesto nacional para la educación superior entre diciembre 2023 y diciembre 2025. Cabe destacar que los salarios representan aproximadamente el 90% de ese presupuesto.
La mencionada ley exige al Estado recomponer salarios y becas estudiantiles según la inflación registrada desde diciembre de 2023, además de contemplar ajustes para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, ciencia y técnica, y establecer paritarias periódicas con mecanismos de actualización.
Un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que la inversión necesaria para la aplicación integral de la ley representa cerca del 0,23% del PBI, un porcentaje clave para sostener la educación pública y la formación de miles de jóvenes argentinos.
Mientras tanto, las comunidades universitarias continúan en movilización y manteniendo las medidas de fuerza para visibilizar la urgencia del reclamo y la necesidad de políticas públicas responsables que prioricen la educación pública y el trabajo docente.
