La morosidad de los créditos volvió a crecer en julio, después de la pausa que se había registrado en junio. El deterioro alcanzó tanto a familias como a empresas, según estimaciones realizadas sobre la base de datos del Banco Central.
La consultora 1816 calculó que la mora del financiamiento total pasó del 7,63% al 7,73%. En los hogares, los atrasos superiores a noventa días subieron del 12,77% al 12,94%, mientras que en las empresas pasaron del 3,50% al 3,61%.
De acuerdo con la Central de Deudores, hay casi 5,9 millones de personas físicas con atrasos sobre un universo de aproximadamente 20,8 millones con deudas activas. Eso equivale al 28% de los deudores individuales.
Es decir, más de una de cada cuatro personas con financiamiento vigente tiene dificultades para cumplir con sus obligaciones. Este indicador, que viene en ascenso, refleja la presión que genera la inflación sobre los ingresos de los trabajadores y las pequeñas unidades productivas.
El problema es más intenso entre los prestamistas no bancarios: allí la morosidad familiar llegó al 33,7%. Ese segmento incluye compañías con amplia presencia en el crédito al consumo y no debe confundirse con la tasa de atraso de los bancos tradicionales. Esta diferencia sugiere que los sectores más vulnerables recurren a financiamiento de mayor costo, con tasas que encarecen aún más las cuotas.
El aumento porcentual no respondió a un salto equivalente del saldo impago real, sino también a una reducción del crédito total ajustado por inflación. Para cada persona, refinanciar puede disminuir la cuota inmediata, pero conviene revisar la tasa, el costo financiero total y el plazo antes de aceptar.
Los datos de la consultora 1816 y del Banco Central marcan un escenario de fragilidad que exige políticas activas de protección del crédito productivo y del consumo familiar. En este contexto, el acceso a financiamiento en condiciones justas se vuelve central para sostener el empleo y la actividad económica.
