Las consultas ambulatorias de salud mental aumentaron 23% en el último año y las internaciones crecieron 42% entre 2023 y 2026, según un relevamiento federal presentado el jueves 27 de agosto en el Senado. El informe, coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, reúne datos de catorce jurisdicciones que representan el 70,85% de la población argentina.
De la presentación participó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien reafirmó el compromiso del Estado provincial con la atención de la salud mental. La presencia de la provincia de Buenos Aires no es casual: se trata del distrito con mayor densidad poblacional y, a la vez, el que más recursos viene destinando a la red pública de abordaje comunitario.
El trabajo identifica una mayor demanda de atención entre niños y adolescentes y registra el ingreso al sistema público de personas que perdieron la cobertura de una obra social o de una empresa de medicina prepaga. Es decir, la crisis económica, que empuja a miles de familias a quedarse sin prepagas, también se expresa en la creciente presión sobre los hospitales públicos.
Entre 2021 y 2026, las jurisdicciones relevadas incorporaron al menos 388 camas específicas de salud mental en hospitales generales. Trece de ellas informaron ampliaciones de camas y de dispositivos comunitarios, aunque sus autoridades advierten que la capacidad sigue bajo presión. El dato es relevante porque muestra que, a pesar de las dificultades, el sistema público está invirtiendo y ampliando su red.
Sin embargo, las provincias reclamaron personal, infraestructura, medicamentos y coordinación nacional. Ese pedido, leído en contexto, apunta directamente al gobierno nacional, que tiene la responsabilidad de garantizar una política federal en salud mental. La ley nacional de salud mental exige que el Estado articule recursos, y lo que se observa es una vez más que las provincias cargan con el peso de la demanda mientras la Casa Rosada mira para otro lado.
El informe no mide la evolución de los trastornos mentales en todo el país, pero sí describe con precisión la demanda que recibe el sistema público. Es un llamado de atención que debería instalar el tema en la agenda gubernamental. La salud mental no es un gasto, es una inversión en el bienestar de las personas y en la construcción de una sociedad más justa.