En un contexto de ajuste que vuelve a castigar a los sectores más vulnerables, la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA) denunció que el valor del módulo que reconoce PAMI por las prácticas de diálisis lleva 18 meses sin actualizarse y sufrió además una reducción del 8%. Según los prestadores, la brecha entre los aranceles y los costos reales de la prestación ronda el 50%, un desfasaje que pone en riesgo la sustentabilidad de más de 200 establecimientos en todo el país.
La situación económica de los centros que atienden a afiliados de PAMI volvió a encender una alerta a nivel nacional. CADRA advirtió que el esquema actual de financiamiento compromete la continuidad de las prestaciones que reciben aproximadamente 4.700 afiliados, personas que dependen de un tratamiento vital y periódico para sobrevivir. La diálisis es una prestación indispensable para quienes padecen enfermedad renal crónica avanzada, y su interrupción podría tener consecuencias irreversibles.
El reclamo fue difundido por la entidad en las últimas horas y tiene como eje el valor que la obra social reconoce por cada sesión. Según explicaron los prestadores, el módulo lleva un año y medio sin una actualización acorde con la evolución de los costos y además habría sufrido una quita del 8%, lo que agrava aún más el panorama.
Un desfasaje que según los prestadores llega al 50%
Desde el sector sostienen que el problema no se limita a la falta de actualización del arancel. La combinación entre el congelamiento y la reducción aplicada generó una diferencia significativa respecto del costo efectivo de mantener funcionando las unidades de tratamiento. Los centros reclaman una recomposición que ronda el 50%, porcentaje que, de acuerdo con la estimación de los prestadores, permitiría acercar los valores reconocidos por PAMI a los gastos que demanda actualmente la atención de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada.
El reclamo se produce en un contexto de incremento sostenido de los costos sanitarios y operativos. La actividad requiere equipamiento especializado, insumos médicos, profesionales capacitados, controles periódicos y una infraestructura que demanda importantes gastos de funcionamiento. Además, referentes del sector señalaron que la estructura de costos de un tratamiento no queda limitada a la sesión de diálisis propiamente dicha; en determinados casos también deben contemplarse traslados de pacientes, intervenciones vasculares, estudios de laboratorio, honorarios profesionales y alimentación, entre otros gastos.
Mayor impacto en los centros del interior
Uno de los puntos que genera mayor preocupación entre los prestadores es el impacto diferencial que tiene la situación sobre los establecimientos ubicados fuera de los grandes centros urbanos. En esas zonas, los centros pueden afrontar costos adicionales vinculados con el traslado de personas que necesitan concurrir regularmente a las sesiones, además de otras prestaciones asociadas al tratamiento renal. Según explicaron desde el sector, muchos de esos gastos se actualizan con mayor frecuencia que los valores que reciben por parte de la obra social.
La dificultad adquiere especial relevancia porque la diálisis constituye una prestación indispensable para las personas cuyos riñones ya no pueden cumplir adecuadamente su función. La hemodiálisis permite eliminar sustancias de desecho y exceso de líquidos de la sangre cuando la función renal se encuentra severamente comprometida. Detrás de cada número hay una vida que depende de que el Estado cumpla con su rol de garante de la salud pública.
Reclamos y gestiones ante PAMI
CADRA aseguró que durante los últimos meses se realizaron distintas gestiones ante las autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados con el objetivo de conseguir una actualización del valor de las prestaciones. Según la entidad, esos pedidos no habrían obtenido hasta el momento una respuesta que permita resolver el desfasaje denunciado. Los prestadores reclaman que se abra una instancia de diálogo y que se revise el esquema de financiamiento para evitar que la crisis económica termine afectando la capacidad operativa de los centros.
Los referentes de la actividad remarcaron, no obstante, que existe voluntad de continuar atendiendo a los pacientes mientras las condiciones lo permitan. La preocupación está puesta en cuánto tiempo podrán sostenerse los establecimientos si los ingresos permanecen por debajo de los costos necesarios para garantizar el funcionamiento. En un país que se precia de tener una de las leyes de salud más avanzadas de la región, no se puede permitir que la especulación financiera recorte derechos conquistados.
Una prestación crítica para miles de afiliados
La advertencia alcanza a una red de más de 200 centros distribuidos en distintas regiones del país y a unos 4.700 afiliados de PAMI que dependen de tratamientos dialíticos. Por ese motivo, la discusión sobre los aranceles trasciende la cuestión administrativa o financiera: para los prestadores, una eventual reducción de la capacidad de atención podría repercutir directamente sobre pacientes que necesitan realizar sus tratamientos de manera periódica.
La entidad que representa a los centros de diálisis reclama una respuesta de las autoridades y una recomposición que permita afrontar el incremento de los costos. Mientras tanto, la situación permanece bajo alerta y el sector insiste en que la actualización de los valores resulta necesaria para preservar la continuidad y calidad de la atención renal. La salud de los jubilados no puede quedar rehén de la falta de previsión: es momento de que el Estado ponga a las personas por delante de los números.
